No es sumar complejidad a la acción que les corresponde en una temática importante en tiempos de corrupción extendida. Por el contrario, el titular de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta. A ello se sumaron los fundamentos expuestos por el Procurador General, quien destacó que especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. “El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, es lo que dijo Abel Cornejo en el encuentro que mantuviera con Gustavo Ferraris, presidente de la Auditoría.

Es muy significativa la preocupación que lleva a extremar los recaudos para una acción de control que minimice las oportunidades de incurrir en irregularidades administrativas. Es cierto que en algunos municipios hay incumplimientos que se vinculan a un escaso conocimiento por parte de funcionarios comunales de la normativa vigente; al menos es lo que se deduce de auditorías que se realizan periódicamente en esas administraciones. También es lo que se marca respecto de rendiciones que integran la Cuenta General del Ejercicio que anualmente se realiza para evaluar la ejecución del presupuesto inmediato anterior al vigente. Sin embargo, es en los cambios de mando gubernamentales cuando aparecen lo que finalmente son sospechas de ilícitos que en algunos casos se denuncian en la Justicia y en otros, solo son expuestos mediáticamente.

A este acuerdo, que se expresará en un convenio para que fiscales especializados capaciten a auditores de campo, se llegó luego que esta semana tomara estado público la remisión a la Justicia del expediente vinculado a una auditoria en el Municipio de Rosario de la Frontera. En casi mil fojas se comprobó lo que a juicio de la Auditoría es el manejo incorrecto de fondos por una cifra cercana a los 100 millones de pesos.

El propósito de la capacitación es instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública. Una tarea de ese tipo es más frecuente de lo que podría estimar cualquier ciudadano y prueba de ello es que en los últimos 20 meses el  órgano de control radicó 37 denuncias penales.

Particularmente desde la puesta en marcha de un nuevo mandato de los Gobiernos Provincial y Municipales el 10 de diciembre pasado se agilizaron estas denuncias y las investigaciones en torno de delitos de envergadura. Baste citar los casos de Campo Quijano, que involucra al ex intendente Manuel Cornejo; de Aguaray, que motivó la intervención del Ejecutivo en manos de Enrique Prado; el pedido de intervención al intendente Mario Guerra, elevado a la Legislatura por el Concejo Deliberante de Colonia Santa Rosa y  la integración de una comisión investigadora contra el Intendente Joaquín V. González, Juan Domingo Aguirre, por irregularidades en el manejo de los fondos municipales. 

La corrupción está emergiendo como una de las preocupaciones más altas de la ciudadanía y es necesario que ante ella se revalide el control público.

Salta, 26 de noviembre de 2020