El documento de la entidad da a conocer la situación de dos productores en Moreno y en La Matanza donde sus granjas fueron tomadas.

“La cámara manifiesta su solidaridad con los damnificados y solicita la intervención de la Justicia, para que sea ésta se expida en pos de garantizar la paz social”, recalca el texto.

En tanto, el presidente de Capia, Javier Prida, dijo: “Las ocupaciones deben ser detenidas por los resortes del Estado; necesitamos que se respete la ley. Tenemos dos productores avícolas en Moreno y en La Matanza con las granjas tomadas y la situación requiere de la participación activa y expeditiva de la justicia”.

Similar situación es la que planteó la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) que manifestó en un documento que la ocupación ilegal de tierras se intensificó este año en todo el país y también en el NOA, y agregó que varios socios fueron “amedrentados por los usurpadores con ingresar a los campos y hasta prender fuego los lotes”.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) manifestó su solidaridad con los afectados por la violación de la propiedad privada e instó a las autoridades a hacer cumplir con las normas constitucionales del Estado de Derecho.

“Ante la reiteración de tomas de tierras a lo largo del territorio argentino, ratifican la importancia del respeto de la propiedad privada, bajo el imperio de la ley y el orden público, como fundamento básico para propiciar las inversiones y el desarrollo económico”, explicaron.

Alerta y movilización

En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) afirmó que “los principios constitucionales están en peligro”.

“Debido a la gravedad de los acontecimientos, expresamos nuestra preocupación y rechazo ante el agravio hacia los principios básicos de la república, como el respeto de la propiedad privada, garantizados en nuestro contrato social expresado en la Constitución Nacional”, explicó Carbap en un comunicado.

La entidad, conducida por Matías De Velazco, indicó que “el silencio del Gobierno Nacional, y más aún el acompañamiento en varios casos de algunos funcionarios públicos, no hace más que ratificar la sospecha de una mirada complaciente o cuanto menos sesgada de las distintas situaciones que se repiten en varios puntos del país, todas violatorias de los principios constitucionales”.

Por ese motivo, la confederación ratificó el estado de “alerta y movilización”, en el mismo sentido que expresan múltiples agrupaciones de rurales de distintas zonas del país, con el fin de “acompañar” a todos los ciudadanos y productores afectados por conflictos, e informó que este jueves sesionará el consejo directivo con el objetivo de analizar las acciones a seguir.

“Desde Carbap entendemos que permitir y/o amparar ese tipo de actividades es iniciar un peligroso camino hacia la anarquía, la pérdida de la seguridad jurídica y la disolución institucional del país. Es por ello que instamos un rápido accionar de la justicia para poner fin a esta situación, haciendo respetar la ley y la Constitución Nacional”, concluye el comunicado.

TN.com.ar