Es una iniciativa importante, que integra en un solo documento un conjunto de propuestas que desde ese sector fueron planteadas en la Cámara en distintos momentos del actual período legislativo. Es legítimo que la oposición realice su aporte y marque errores de gestión pero también, en cualquier situación, ejerza el control que le asigna como facultad de la Constitución Provincial.

En el documento en cuestión apunta a un conjunto de gastos que no considera prioritario en el marco de la emergencia sanitaria. Entre ellos destaca contrataciones millonarias en publicidad oficial.

Es saludable institucionalmente que sean legisladores quienes incursionen en este tema, por varias razones. Es su obligación tener datos precisos de las inversiones en el sector, monto en el que participan desde su génesis al aprobar el presupuesto de gastos y recursos de cada ejercicio fiscal y luego en el control de su ejecución. No menos importante es el ordenamiento de la distribución de ingentes recursos que aprueba la Legislatura y para ello, nada ha demostrado mayor efectividad que la ley. Y en Salta, no hay un marco legal; ese es prácticamente el pecado original de la cuestión que denuncian los diputados de la oposición, algunos de los cuales vienen de largo ocupando bancas y otros fueron también al Congreso donde tampoco realizaron esa tarea, que está pendiente. 

Cuando la cuestión emerge a la luz, es con un sentido crítico. Hay entidades de ciudadanos que demandan datos que en los debates legislativos no son moneda corriente y cuando los obtienen por otras vías, necesariamente llegan a la conclusión que en la Provincia, el país y a través de organismos internacionales se exige: un marco normativo que transparente su  manejo.

Los especialistas que tratan la temática, marcan que la publicidad oficial es un mecanismo muy valioso de comunicación entre los gobiernos y la ciudadanía. Su objetivo es el acceso a información pública y la rendición de cuentas. El hombre común que no está atento a este punto de la gestión gubernamental, debe saber que la publicidad de los actos de gobierno requiere de esta herramienta para cumplir con esa exigencia republicana.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos establece dos tipos de publicidad estatal: la no paga -comunicados de prensa e, incluso, la publicación de leyes, decretos y otras normativas, por ejemplo-  y la publicidad paga. Esta última son los anuncios pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o patrocinado por éste, la campañas a base de folletos, el material publicado en Internet, las exposiciones, etc. 

En las condiciones en que se aplica la publicidad oficial en la Argentina y en la mayoría de las provincias –ya que solo seis tienen una ley al respecto- ponen en riesgo la propia libertad de expresión de los medios de comunicación, a través del condicionamiento económico y en un sentido más amplio, roza la equidad en la competencia electoral.

Discutir la calidad del gasto público en la materia no es más que oportunismo en estas circunstancias. La Legislatura le debe a la ciudadanía una ley que regule el fin, la utilización y la distribución de la publicidad oficial.

Salta, 22 de setiembre de 2020