Fue en mayo cuando el diputado provincial Ignacio Jarsún propuso discutir una ley para Salta, luego que el aislamiento social produjera un visible faltante de hojas de coca en todo el NOA, debido al cierre del ingreso de ese producto desde Bolivia. Las leyes de mercado se activaron y ante la gran demanda de una limitada oferta los precios se fueron a las nubes. 

El resultado fue que se visibilizó un comercio marginal que genera pingües ganancias para quienes participan en el mismo; según se ha señalado moviliza unos 200 millones de pesos por mes. Es que hay un aprovechamiento de una situación paradójica: se trata del consumo legal de un producto que tiene prohibido su ingreso al país.

Las pretensiones de los legisladores provinciales son un intento por establecer un marco legal que apuntara a lograr un ordenamiento que incluya la importación, acopio, fraccionamiento y venta con fines de uso doméstico y de investigación científica. El avance de la iniciativa, que tomó impulso en la Cámara de Senadores donde llegó a la integración de una comisión especial que tiene la tarea de realizar un estudio integral de la cuestión, aceleró una tarea que venían empujando lentamente los diputados nacionales de Cambiemos por Salta.

Los legisladores nacionales se centran especialmente en el problema de la introducción de la hoja de coca al país y la existencia de normas en los cuales  se la considera como sustancia prohibida y peligrosa, lo que genera acciones ilegales como el contrabando. Pero también trata de establecer el control sobre su comercialización. El primer artículo del proyecto que se presentó en Diputados de la Nación dispone que la tenencia o consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes. Para ello determina la derogación de normas que impiden su introducción al país.

Sin embargo, lejos se está de resolver realmente la cuestión. Es lo que ha advertido un experto, quien actualmente es el Procurador General de la Provincia. Abel Cornejo ve en los movimientos que se realizan solo voluntarismo y no sirve para ir muy lejos.

Aun coincidiendo con la necesidad de sostener una costumbre ancestral como la del coqueo, no ignora que la planta, que se produce en solo tres países de América Latina y muy pocas otras naciones fuera del subcontiente, es el insumo básico de la cocaína. Es por ello que se le da trato de estupefaciente, figura como un elemento peligroso y pesa sobre ella una estricta prohibición de producción, comercialización y consumo.

Convenciones internacionales a los que la Argentina adhirió y ratificó  ponen un cepo a las intenciones de legisladores provinciales y nacionales salteños. Esta Nación deberá denunciar el artículo que le da ese carácter a la hoja de coca, lo que convierte a la cuestión en algo más que en un tema aduanero, que además no puede resolverse con otro país sino con un conjunto de no menos de 50 estados suscriptores de las Convenciones. No sirve el guiño que la Embajada de los Estados Unidos dio al proyecto de los diputados macristas.

La pandemia exige que muchas situaciones estén ordenadas, por razones sanitarias. El trato que se da a la hoja de coca no puede tener un tramo de clandestinidad y urge encarar su tratamiento. 

Salta, 12 de agosto de 2020