La jueza federal María Romilda Servini ordenó reanudar el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente Mauricio Macri y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le ordenó acotar el alcance de la medida para el caso en el que se investigan presuntas presiones sobre el Grupo Indalo.

Fuentes judiciales dijeron que, tras una apelación formulada por la querella del empresario Fabián De Sousa, la magistrada ordenó que se continúe "con el informe oportunamente encomendado" a la dirección Director General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, según consta en el fallo firmado el viernes pero que trascendió este lunes.

El jueves pasado, la sala II del tribunal de apelaciones porteño había revocado la medida ordenada por la jueza Servini, tras hacer notar que la jurisprudencia de la Corte Suprema y la de la Corte Interamericana establecen que "las pruebas ordenadas en el juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad".

Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia habían señalado que la orden de la jueza instructora "excede los límites que razonablemente permite el objeto impuesto por las pretensiones de las partes acusadoras", aunque resaltaron que no ponen en duda el juicio de atinencia sobre la medida de prueba que pueda hacer la instructora, asunto discrecional suyo.

En ese sentido, los camaristas habían dicho que la jueza tenía que volver a expedirse "limitando los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos -a su modo de ver- relevantes según la hipótesis fijada en el caso" por lo que primero el entrecruzamiento se detuvo, pero tras la apelación del abogado Carlos Beraldi se reanudó.

Servini había ordenado la prueba el 6 de julio pasado cuando dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el ex jefe de asesores de la presidencia José Torello y los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.