Seguramente que en Salta no es muy notoria para los usuarios la afectación que está generando esta restricción pero sí lo manifiestan las empresas, que advirtieron que se está ingresando en una etapa terminal. Desde SAETA se ha reconocido  la existencia del problema pero también se explicó que los recursos que están sosteniendo el sistema son provinciales. Tal situación pone en riesgo la continuidad del funcionamiento del sistema, dijo su presidente, Claudio Mohr.

Casi resulta ocioso explicar el contexto de crisis que rodea la prestación de este servicio; son tres sus fuentes de financiamiento y todas atraviesan una etapa de severas restricciones.  La recaudación a través del boleto alcanzó sus niveles mínimos  porque las líneas redujeron a la mitad sus prestaciones, la mayoría de los usuarios son trabajadores esenciales y viajan gratis. Los subsidios nacionales, que alcanzan unos $80 millones de pesos mensuales, no se remiten y los provinciales se siguen girando pero nadie ignora que los problemas financieros de las cuentas públicas, profundizados por una marcada caída de la recaudación, les están poniendo fecha límite a ese aporte.

SAETA venía transportado hasta marzo pasado unos 200 millones de pasajeros al año, 150 mil de los cuales tenían el beneficios de la gratuidad por ser estudiantes o jubilados. A partir de la aplicación del aislamiento, el 20 de ese mes, se suspendió el servicio y luego se reactivó solo para personal de seguridad y de salud. Mientras se insistía que el transporte colectivo es fuente de contagio del  Covid 19 se fue ampliando su uso  sumando a un reducido grupo de usuarios, habilitados con permisos de circulación. Las unidades atestadas de pasajeros dejaron de ser parte del paisaje ciudadano y de la misma manera que buena parte de los capitalinos perdieron el acceso a un servicio esencial, los prestadores están observando cómo caen sus ingresos. En el interior de la Provincia, la mínima prestación posible en materia de transporte interurbano que habilita el aislamiento, está llevando a la quiebra a la totalidad de las empresas.

Las expectativas no mejoran y ello ha llevado  a que hasta legisladores nacionales oficialistas denuncien el tratamiento discriminatorio, que se toleraba cuando había recursos pero no se puede soportar ante la ausencia de los mismos. Es que se ha tomado nota que en el marco de la emergencia nacional declarada por la pandemia, sólo la región metropolitana de Buenos Aires será asistida con subsidios para transporte. En la propuesta de ampliación presupuestaria para lo que resta de este fatídico 2020, la partida a ese fin se incrementará en más de 20 mil millones de pesos pero de ella no habrá giros al interior. La explicación del Ministerio de Economía es que el Fondo de Compensación de donde salen los subsidios para las provincias, se ejecutó de manera completa y de la única bolsa habilitada para todas las demandas, cada gobernador deberá elegir que deberá financiar la Nación.

Es el momento que senadores y diputados de la Nación cumplan con su representación y defiendan los intereses de esos estados y sus habitantes, por encima de intereses políticos de sectores. No deben permitir que los gobernadores sean quienes deban ejercitar el triaje de prioridades para las que se solicitarán recursos. No pueden quedar solos ante esos dilemas.

Salta, 30 de julio de 2020