En enero pasado, un propietario demoraba 18 días en alquilar su vivienda, cuando el promedio nacional era de 28 días. Es lo que informaba al inicio de este año un estudio realizado por la plataforma digital Mercado Libre, que ubicaba a Salta en el tercer lugar en velocidad de arrendamiento de una vivienda. 

En tanto, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta informaba en ese momento que había alrededor de 38 mil inquilinos en la provincia y un faltante de 90 mil casas. Ese dato fue reconocido por el mandatario, quien asumió uno de los déficits más doloroso, como es el de la vivienda. Es que Gustavo Sáenz gobierna una provincia que tiene como capital una ciudad que es la que más creció en cuanto a población entre los diez aglomerados urbanos más grandes del país entre 1960 y 2010. Según registros del Indec, en 50 años, la cantidad de habitantes en esta ciudad aumentó un 350%, casi el doble que la tasa promedio nacional de otros conglomerados como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o Tucumán. 

En el último mes, cerca de dos mil familias ocuparon al menos 6 predios en la ciudad, en su mayoría tierras fiscales. Es lo que informó el Partido Obrero, una agrupación política que suele acompañar protestas sociales; a veces, promoviéndolas. Explicó que la causa de esta explosión de ocupaciones es que en los últimos dos años no se ha iniciado la construcción de ninguna nueva vivienda por el IPV y la última compra de tierras de Tierra y Hábitat fue en el 2014 y los vecinos tuvieron que esperar hasta el 2018 para que se realice el loteo  y se conecten los servicios. 

No es una situación que el gobierno ignore pero está muy lejos de solucionar; seguramente ni tiene una política para el sector y si la tiene, carece de financiamiento. Avanza mirando hacia atrás ya que la construcción de barrios forma parte del volumen de recursos que se demanda a la Nación, que adeuda al Instituto Provincial de la Vivienda 700 millones de pesos en concepto de certificados y redeterminaciones de obras, que debieron ser asumidas por la Provincia para evitar su paralización.

El Gobernador decidió tomar el toro por las astas y sostener el asedio policial para desalentar el crecimiento de los asentamientos, mientras judicialmente se prueba el mecanismo de la mediación para evitar la represión policial frente al delito. En tanto, advirtió que se trata de acciones motivadas, alentadas y pagadas por algunos sectores políticos que pretenden desestabilizar al gobierno  creando caos en medio de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19.

Denunció el oportunismo y la mezquindad de inescrupulosos dirigentes que desde la comodidad de sus propias viviendas exacerban la necesidad de personas que, legítimamente, demandan el ejercicio de un derecho básico. Invierten recursos para sostener estos movimientos que interfieren en los esfuerzos que se realizan para cuidar la vida de quienes enfrentan la intemperie para que se visibilice su carencia pero también la del resto de los habitantes de la Provincia, sometidos al riesgo de una pandemia que desestabilizó al mundo. 

Frente a su propia denuncia, el Gobierno debe asegurar el cese de la comisión del delito de ocupación de tierras y la identificación y castigo a los responsables. E imponer como política de Estado la  cobertura de la demanda de viviendas. 

Salta, 26 de mayo de 2020