Si se tuviera el criterio de tomar el concepto amplio de default para medir la cantidad de situaciones de impago de la deuda externa, (el mismo que utiliza el medio inglés), Argentina acumularía ya 10 casos, comenzando con el de 1825, y cerrando su performance con el del viernes pasado. En este listado se suman dos eventos polémicos para tomar como default: el del 2014 y el del 2019.

En el primero, dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió no pagar los vencimientos de deuda emitidos bajo legislación de Nueva York; sabiendo que si se concretaba esta operación, ese dinero inmediatamente quedaría embargado por Elliot y el resto de los fondos buitre que ya tenían fallo favorable de parte de Thomas Griesa para avanzar sobre ese dinero. Técnicamente sería un default “estratégico” (un país puede pagar en tiempo y forma pero no lo hace por motivos particulares y públicos); ya que Axel Kicillof ofrecía liquidar la deuda dentro del país; lo que las leyes internacionales y el contrato de emisión de esa deuda permitían.

El segundo caso polémico que suma el país, es el default de agosto de 2019, cuando anunció el “reperfilamiento” de la deuda denominada en pesos correspondientes a la deuda de corto plazo, es decir de las Letras del Tesoro (Letes) y de las Letras de Capitalización (Lecap), como así también el de las Lecer (Letras atadas al CER) y las Letras atadas al dólar (Lelink) y otras emitidas por el Banco Central para “los tenedores institucionales, quedando exceptuadas las personas, quienes cobrarán en tiempo y forma cada uno de estos vencimientos”.

Según el criterio del actual gobierno de Alberto Fernández, ese fue el inicio de una serie de reperfilamientos y repagos, que le abrieron la puerta al actual default. Según este criterio, la decisión de no pagar el vencimiento de u$s503 millones del Global 21, 26 y 46, es el corolario de aquella declaración del último ministro de Economía de Mauricio Macri. Si se asumiera como valido este criterio, el default “controlado” habría comenzado en 2019 y sería un sólo proceso que terminará cuando se cierre un acuerdo con todos los acreedores, no sólo los tenedores de deuda emitida bajo jurisdicción internacional. Si no se tuvieran en cuenta como default los del 2014 y 2019 para Argentina, la cantidad de cesaciones de pagos serían 8, y estaría en el tercer lugar del ranking, por debajo de Ecuador y Venezuela que detentarían el primer puesto. Sin embargo, y aún en el sentido restrictivo, se ubicaría en el primer lugar con dos default (2001 y 2020); compartiendo el primer puesto con Nigeria. Si se tomara en este período como válidos los polémicos casos del 2014 y 2019, lideraría tranquilamente el ranking mundial a dos default de distancia del segundo. Por ahora, los otros países que tuvieron problemas de pagos desde 2000 a lo que va el 2020, son Ecuador, Uruguay, Grecia, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay.

Según la mayoría de los historiadores que analizaron los fenómenos de default en el país, los más importantes y graves fueron cuatro. El primero fue el de 1927, cuando luego de la declaración de independencia, el país ingresó en una espiral de endeudamiento para financiar sus fuerzas armadas y declaró 12 años después de pedir los primeros prestamos (emitidos a través de bonos en la City londinense) su imposibilidad de pagarlos. El segundo fue el derivado al crash mundial de 1890, cuando la quiebra de la Baring Brothers llevó a todos sus deudores a una situación de imposibilidad de pagar sus pasivos. Argentina había accedido a los prestamos líquidos de esa banca para expandir sus redes de ferocarriles, la Conquista al Desierto de Julio A. Roca, la construcción del puerto de Buenos Aires y las primeras grandes construcciones de la ciudad. Curiosamente, Argentina fue uno de los países que no ingresó en default durante la crisis del 30 derivada del crack de Wall Street; y debió esperar hasta los 80 y su década perdida para volver a caer en una cesación de pagos. En 1982, y acompañando la crisis de pagos de todo el continente, se declaró la imposibilidad de pagar la deuda pública emitida con bancos privados; tal la modalidad de aquellos años.

El pasivo que Argentina no pudo enfrentar fue la deuda externa que se acumuló durante la Dictadura Militar, y que llevó el nivel de los u$s7.000 millones de 1976 a u$s45.000 de 1982. Luego de esta la crisis de deuda regional (en la que también entraron Venezuela, México, Uruguay, Costa Rica, Perú, Chile, Paraguay, Nicaragua, Bolivia y varios países africanos), el mundo financiero decidió dar un golpe de timón, refinanciar los default, terminar con las líneas de financiamiento privado y comenzar la era de los títulos públicos soberanos. Fue el combo Plan Brady y Pacto de Washington, que marcaría la década del 90 y continuaría hasta la actualidad. El historial se cierra con la sonada declaración del 22 de diciembre de 2001 del presidente transitorio Adolfo Rodríguez Saá ante la Asamblea Legislativa, donde de manera festiva se declaró que el país no pagaría ninguna de sus obligaciones financieras internacionales. Argentina debía a esa altura unos u$s100.000 millones, derivados del megaendeudamiento durante los 90 y la crisis terminal de la convertibilidad. En ese momento, fue el default más grande de la historia; y, hasta la actualidad, sólo fue superado por los 110.000 millones de euros que Grecia declaró no poder pagar en mayo de 2010.

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