Parálisis
Comenzó su actividad el Concejo Deliberante. Llevó al recinto un conjunto de proyectos vinculados a demandas vecinales y este jueves inaugura la práctica de convocar a funcionarios del Ejecutivo para que informen sobre los planes de acción en su área y para responder las inquietudes de los ediles.
En ese ámbito hay preocupación por el cúmulo de situaciones que no se resuelven en la ciudad y las escasas precisiones que emergen del nuevo gobierno respecto de cómo se van a encarar. Es así que un veterano concejal opositor destacó que se trata de problemas recurrentes y se vinculan a la falta de obras en los barrios. Precisamente, en la sesión del último miércoles se analizaron iniciativas requiriendo que se realicen los proyectos ejecutivos de las zonas de la ciudad que se inundan.
Lo que inquieta al cuerpo es que la intendenta Bettina Romero no ha dado precisiones respecto de un plan de obra definido y de la disponibilidad de recursos a ese fin. Pero más aún, no muestra cuál es su capacidad de gestión para reunir esos fondos. Precisamente sucede en esa función un gobernante que había hecho de esa capacidad la característica de su acción.
Es cierto que la indefinición no roza solamente el gobierno municipal; se repite a nivel nacional y provincial. Sin embargo, respecto de la disponibilidad por coparticipación, las autoridades financieras pueden hacer una proyección y plantear un presupuesto de mínima a partir de presupuestos anteriores. Además, debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo comunal tiene un dato preciso y se vincula a la recaudación propia ya que cuenta con la Ordenanza Tarifaria 2020, que estableció un aumento del 43% desde enero y un ajuste del 23% para cerrar el primer semestre del año. Pero ninguno de esos cálculos asegura el financiamiento de un vigoroso plan de obras públicas.
Un dato positivo es que las finanzas municipales son saludables y la capacidad de endeudamiento no está restringida ya que no pesa sobre el equilibrio de las cuentas. Pese a ello no hay ánimo entre los concejales de promover la toma de deuda, incluso a través de novedosos mecanismos como los que se están analizando en algunos gobiernos provinciales y municipales. Se trata de la emisión de criptoactivos para enfrentar las dificultades para cubrir los gastos corrientes. Son formas de tomar deudas, como la emisión de títulos a corto plazo, que en Salta dejó un déficit que no se ha equilibrado pese a la escasa precisión con la que expone esta situación.
Es así que hay quienes no descartan que se reactualice un recurso que se abandonó luego que algunos jefes comunales incumplieran sus objetivos. Se trata de la Contribución de Mejoras, que establece la Ordenanza 1.736, que contempla también obras por cuenta de terceros que inciden sobre la propiedad. Esta contribución es la cuota que el Municipio exige, en una zona geográfica limitada de contribuyentes, por la plus-valía con que se benefició su riqueza particular.
A más de cuarenta años, la razón de su imposición es similar a la que puede justificar en este tiempo la reactualización de esta normativa: limitaciones que obligan a financiar las obras públicas con recursos ordinarios. Se destacó al momento de su sanción, que “esta precaria forma de financiación produce un doble efecto igualmente perjudicial; por una parte reduce el volumen de inversiones a niveles muy bajos y por otra, la afectación de recursos ordinarios a las obras públicas afecta la cantidad y calidad de los servicios públicos”.
En este contexto, urge que se abandone la aparente parálisis en la acción municipal.
Salta, 05 de marzo de 2020
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