Rige desde este mes la devolución del 15% en las compras con tarjeta de débito para 7 millones de personas

A partir del 1° de marzo se puso en marcha la devolución del 15% del monto de las compras con tarjetas de débito para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo (incluyendo las pensiones no contributivas), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. El universo al que alcanzará la medida llega a 7,1 millones de personas.

El reintegro tendrá un tope mensual de $700 y, en el caso de quienes reciban dos o más AUH, se extenderá a $1.400. Se realizará en todas las compras que los beneficiarios realicen con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la cual cobran cada mes su jubilación, pensión o asignación.

La devolución no requiere de ninguna inscripción ni trámites adicional. Será recibida por todos los beneficiarios mencionados por cualquier compra en supermercados, autoservicios, almacenes, y cualquier comercio dedicado a la venta de alimentos, tanto mayorista como minorista, que acepte pagos con tarjeta de débito.

Para un jubilado que cobra el haber mínimo y utilice este beneficio en su totalidad, la devolución del 15% de sus compras representará un ingreso extra del 4,5% en su haber. En el caso de los beneficiarios de la AUH, el incremento representará un incremento del 22,5 por ciento.

La devolución se acreditará en la misma cuenta bancaria el día hábil siguiente a la realización de la compra, hasta alcanzar el tope mensual de $700 o $1.400, según el caso. No obstante, debido a los tiempos requeridos para su implementación en los sistemas bancarios, los reintegros correspondientes a todas las compras realizadas entre hoy y el 9 de marzo se acreditarán en las cuentas de los beneficiarios el 10 de marzo, según pudo saber Infobae de fuentes del sector financiero. A partir de ese día, la acreditación se hará el día hábil siguiente, tal como establece la normativa.

La medida fue dispuesta en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada por el Congreso en el inicio del mandato de Alberto Fernández, e implementada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Estará vigente hasta fines de agosto, aunque podría ser prorrogada.

Si los beneficiarios la utilizan en su totalidad, tendrá un costo fiscal de $5.000 millones por mes que saldrán del Tesoro. Por ello, no se trata de fondos coparticipables. En el pasado, se implementaron medidas similares a través de la devolución de una parte del IVA. En este caso, se eligió asignar una partida específica ya que al ser el IVA un impuesto coparticipable, la decisión tendría que haber incluido una negociación con las provincias que se prefirió evitar.

El Gobierno aspira con esta decisión volcar $5.000 millones a la compra de alimentos en los sectores de más bajos ingresos, en un escenario que todavía no muestra señales de recuperación. Según la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el reintegro “tendrá efectos reactivantes, ya que son fondos para el consumo. Esperamos que esta suba de la demanda no vaya a precios sino hacia un aumento de la producción por las cantidades que se van a vender. Queremos que esa demanda sea respondida con un mayor uso de la capacidad instalada ociosa, sobre todo en el entramado pyme”.

El obstáculo de la baja bancarización de los sectores de bajos ingresos

El gran obstáculo para conseguir ese objetivo es la escasa costumbre de esos segmentos sociales de utilizar la tarjeta de débito para sus compras cotidianas, ya que suelen moverse casi con exclusividad en efectivo. Se trata del segmento conocido como “sub-bancarizado”, ya que posee una cuenta bancaria (de lo contrario, no podría cobrar su beneficio) pero la utiliza solamente para retirar el dinero el día de cobro.

De hecho, cuando en su momento los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri implementaron un mecanismo similar a través de la devolución de una parte del IVA, en los hechos la medida quedó desactivada por su poco uso. Un cambio sustancial en relación a las etapas anteriores es que desde abril de 2018 rige la obligación dispuesta por la AFIP para los pequeños comercios de aceptar pagos con tarjeta. Desde entonces, creció sensiblemente la posiblidad de pagar con dinero plástico en barrios en donde no era posible hacerlo.

Según estimaciones que maneja la AFIP, de cada $100 gastados en ese segmento socio-económico solamente $20 son pagados mediante tarjeta de débito. Para hacer crecer esa proporción, el ente recaudador pondrá en marcha una campaña de difusión en coordinación con otros organismos públicos.

El primer paso en ese sentido se dará el próximo martes con la firma de un convenio con el PAMI para utilizar todos sus mecanismos de difusión con los jubilados y pensionados promoviendo las ventajas del uso de la tarjeta de débito. El organismo tributario prevé también celebrar un convenio similar con la Anses.

Fuente: Infobae