Como representante de las principales entidades vitivinícolas hizo pública su disconformidad respecto a la forma en que se conduce en la actualidad la Corporación Vitivinícola Argentina planteando que las decisiones ejecutadas por algunos de sus miembros representantes del sector privado si bien son legales, carecen de la legitimidad que exige el buen funcionamiento de una entidad público-privada la que integran. 

Además, Ortiz expresó la oposición al uso de la institución como entidad gremial empresarial de segundo grado, tal como pretenden algunas entidades privadas que la componen, utilizando a la misma como canal para la gestión de sus intereses en nombre del conjunto y presentarse con ese plafón ante los gobiernos provinciales y el gobierno nacional.

Por otra parte, la referente cuestionó que la COVIAR ha fracasado con la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola 2020. “En septiembre lo planteamos al igual que el uso de los recursos que deberían ir todos a la promoción del vino y a los pequeños productores y no a una carga de sueldos de personal nombrado que no hace a los objetivos”.