La designación de Juan Marcos Ezequiel Molinati fue objeto de impugnaciones públicas apenas su pliego llegó al Senado de la Provincia. Previamente, se realizó el concurso previsto en la normativa vigente, que le permitió integrar una terna desde la que el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey tomó su nombre, sin mayores fundamentos que la de explicar que todo era legal y cargando sobre la selección previa la responsabilidad que el postulante tuviese tal oportunidad. Es lo que hizo la cámara legislativa, que señaló que el ahora fiscal había pasado los filtros correspondientes, más fuertes que los objetores, que no fueron pocos.

Al Senado ingresaron notas requiriendo que se rechace su pliego, atento a los antecedentes, que estaban marcados en una presentación que el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, órgano del Ministerio Público, remitiera a la Comisión de Justicia del cuerpo, adjuntando copia de legajos de las denuncias contra el profesional. Dicho Comité es presidido por el Procurador General Abel Cornejo, que advirtió oportunamente por nota al mandatario responsable de girar el pliego de “los antecedentes fácticos del impugnado, su vinculación con hechos constitutivos de violencia de género, la violación de preceptos establecidos en el reglamento interno del Consejo de la Magistratura y las obligaciones del Estado argentino, en relación a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres". Ahora será su jefe.

La Justicia es un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno y del Estado de Derecho. Es garante de los derechos individuales y de las libertades humanas frente al poder público y frente a los diversos poderes privados. Los fiscales son una pieza de esa maquinaria, de cuyo adecuado funcionamiento dependen vida y bienes de todos los habitantes. 

En el mundo hay preocupación para que haya una conducta judicial intachable y es por eso que el  Grupo Judicial  del Reforzamiento  de la Integridad Judicial de la Naciones Unidas, propuso el llamado Código de Bangalore, que identifica seis principios fundamentales, que deben calificar esa conducta. Entre ellos figura la Integridad y la Corrección, que serían valores ausentes en los antecedentes del flamante fiscal.

Nada fue suficiente y según el ministro de Gobierno, Ricardo Villada –uno de los firmantes del decreto- la responsabilidad debe cargarse sobre el Senado y la gestión anterior. En estas instancias, no procedía el poder de veto, según la interpretación del funcionario.

Esta especie de Cuento del Gran Bonete muestra a las claras que hay una especie de poder detrás del poder, que va guiando las acciones más allá de reparos, observaciones, advertencias y de la lectura directa de la propia Constitución que, supuestamente, contiene disposiciones e institutos que aseguran el ingreso de idóneos a la prestación del servicio de Justicia. 

Ante esto, la sociedad es un convidado de piedra porque se hace caso omiso a instituciones que la representan, cuando ellas manifiestan posiciones contrarias a intereses oscuros, en el mejor de los casos.

Salta, 22 de enero de 2020