Hoy se realizaron dos anuncios importantes al respecto, en orden a que está garantizada la fuente laboral de los empleados de la institución -aunque hay detalles que deben definirse- y que el principal programa asistencial financiado por la Cooperadora será gestionado por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación.

Estas medidas seguramente serán objeto de ajustes dada su trascendencia y el marco dentro del cual van a desarrollarse. El principal  vocero del Poder Ejecutivo, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas Pablo Outes, ha reiterado una consideración que está en el fundamento de las primeras decisiones que va adoptando la gestión de Gustavo Sáenz. 

Tras el reconocimiento de la magnitud de la crisis social, se ha dispuesto encarar un proceso de transformación que engloba el apoyo pleno a las inversiones, mediante la promoción de las actividades productivas. De allí que se ha ratificado la eliminación de un impuesto que gravaba la nómina salarial en el sector privado, con el propósito de facilitar la creación de empleo. El objeto de su recaudación, que era el financiamiento de las cooperadoras, será cubierto con los recursos nacionales que ingresarán por la vía de la emergencia social.

En cifras, se trata de desestimar una recaudación de unos 500 millones de pesos anuales y optimizar el beneficio de un ingreso de unos 4 mil millones, por aplicación de tarjetas y módulos alimentarios, cuyo uso se estima va a dinamizar la economía. Frente a esa opción,  el debate que puede generar es de orden político institucional.

Con este nuevo ordenamiento, el Ejecutivo Provincial ocupa la centralidad de la acción social y no solamente como proveedor de los recursos, como venía siéndolo desde 2010 cuando se dispuso por decreto trasladar a los gobiernos municipales –con fondos incluidos- la responsabilidad de esa asistencia, con el propósito de fortalecer ese nivel de gobierno, agilizar las respuestas a problemáticas urgentes e impactar en el desarrollo comercial y productivo, especialmente del interior de la provincia. En este caso, se ha comenzado a transitar parcialmente un camino inverso; al menos, es como puede interpretarse la decisión de fortalecer al Ministerio de Educación en su tarea de llevar adelante los comedores escolares.  

Esta medida incluye al programa “Copa de Leche”, que era ejecutado por la Cooperadora Asistencial de la Capital y aplicado en los establecimientos educativos del principal municipio de la Provincia. Precisamente fue su intendenta Bettina Romero, quien denunció el riesgo que generaba el desfinanciamiento de la entidad por la eliminación del impuesto que la sostenía, tanto respecto de su acción social como fuente laboral.

Entendiendo que la prórroga del presupuesto mantiene en los niveles de 2019 las partidas para las distintas áreas de gobierno, el gobierno comunal seguirá recibiendo la misma partida con destino a la acción social; según los cálculos del Ejecutivo Provincial, equivale al 70% de los gastos en los programas de la Cooperadora. Visto así, estaría asegurada la protección de los sectores vulnerables de la Capital. Sólo faltaría resolver la tensión entre los dos niveles de gobierno. 

Salta, 16 de enero de 2020