Ayer por la noche la decisión estaba tomada y el presidente Mauricio Macri tenía a la firma el decreto de necesidad y urgencia ( DNU) con el traspaso del sistema que alcanza a 225 testigos y 97 familiares a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. Finalmente, la instalación pública del tema generó una reacción negativa y el Gobierno decidió seguir "dialogando y buscando la mejor forma en un tema complejo".

Lo cierto es que los magistrados, no fueron consultados sobre la decisión que impulsó Garavano por pedido de varios imputados colaboradores que declararon en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas, como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz. Es que el triunfo electoral de Alberto Fernández había multiplicado los pedidos para quitar el programa de la esfera del Poder Ejecutivo.

En el máximo tribunal penal del país relataban en las últimas horas que el Gobierno les avisó de la idea la semana pasada. Al principio no todos estaban tan en desacuerdo, pero con el correr del tiempo la oposición creció y la idea que se imponía en todas las conversaciones era que el plan del Ejecutivo sería un problema.

A eso se sumó la mala relación de la mayoría de la Corte Suprema con el Gobierno. "De ninguna manera vamos a aceptar esto", dijeron en la vocalía de uno de los ministros del tribunal. "Seguramente se los vamos a devolver." Ante esa advertencia, Garavano reclamó el DNU que estaba a la firma del Presidente, que ahora volvió al Ministerio de Justicia con futuro incierto.

En medio de ese debate Alberto Fernández marcó ayer su postura en contra de la resolución. "Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo", escribió vía Twitter el mandatario electo.

(La Nación)