Nada está fuera de control: ni el informe que entregará el gobernador Juan Manuel Urtubey ni el que exigirá Gustavo Sáenz, quien como intendente también debe llevar adelante la transición de su propio gobierno municipal. No hay mucho tiempo por delante pero seguramente será un mes intenso, con equipos de trabajo de carácter eminentemente técnico y aquellos que mixturan esa características con la función política para diseñar la tarea de las carterasde un nuevo gabinete.

En cualquier caso se debe esperar una transición ordenada, lo que hace estimar que la mayor responsabilidad le cabe al gobierno que se retira por la posibilidad de planificarla, teniendo en cuenta  de la certeza de su fin frente a la incertidumbre de cualquier grupo político hasta el cierre de comicios. El objetivo de este proceso es transferir información relevante sobre todas las áreas de gobierno y debe realizarse con una definitiva actitud de colaboración por parte de quienes dejarán la función pública. La continuidad institucional exige honestidad intelectual y transparencia.

De todas maneras, también debe esperarse de la otra parte una actitud colaborativa para comprender la tarea realizada y tomar su cierre como un punto de partida. En ningún caso debe suponerse que la asunción de un nuevo gobierno es sobre una tabla rasa, sin una marca. Hay un Estado con obligaciones y responsabilidades que no cambian porque haya habido una decisión ciudadana de carácter electivo. 

La decisión del gobernador Urtubey de llevar las elecciones provinciales a solo un mes del fin de su mandato –dentro de plazos legales- redujo las posibilidades de una tarea que tenga el tiempo a su favor.  Quizás está confiado en su convicción que deja –como informara públicamente- una provincia ordenada, fiscalmente equilibrada y con mayor infraestructura en material social.

Los problemas de la Provincia, según su parecer, no son de orden administrativo. Esto es, los números están en orden, más allá de los resultados. Reiteradamente indicó que hay deficiencias “en términos de pobreza estructural y falta de empleo, producto de políticas económicas adversas que las decisiones provinciales no pudieron torcer". Incluso colocó a la pobreza como un problema nacional, que –en todo caso- se profundiza en el norte, por la inequidad histórica.

Pero la Provincia ordenada del gobernador Urtubey tiene un equilibrio muy precario, especialmente por el nivel de endeudamiento pero también por la extrema dependencia de sus ingresos a una relación federal condicionada por la hegemonía circunstancial de grupos políticos. Es cierto que no se trata de una situación generada por el mandatario saliente pero sí es de su responsabilidad no haber logrado mejorar la capacidad de recaudación propia. 

Tras doce años, lo que viene es nuevo pero hay una advertencia que no se debe desoír. El propio gobernador ha reconocido en estas horas que hay una crisis nacional muy fuerte, que le condicionó su agenda de trabajo y la lucha contra la pobreza. 

Y esa crisis continúa. 

Salta, 11 de noviembre de 2019