Luego de dos horas de alegatos, el juez Diego Rodríguez Pipino sentenció al Estado provincial al pago de $6.000.000 a la madre de uno de los brigadistas muertos en Guachipas y $9.000.000 a la pareja de otro.

En tanto, Víctor Ola Castro y Roberto Durnelli fueron absueltos, mientras que Víctor César Dagún – jefe del programa de Defensa del Ambiente cuando sucedieron las muertes – fue condenado a un año de prisión en suspenso.

“Creo que hoy hemos asestado otro golpe a una Justicia devaluada”, aseguró Carlos ‘Uluncha’ Saravia, abogado de las familias de los brigadistas. Y es que, consideró, todo el proceso de investigación y el juicio en sí estuvieron atravesados por irregularidades y dilaciones.

Para el letrado, la principal contradicción en el fallo es que se establezca la indemnización por parte de la Provincia pero, al mismo tiempo, se deslinde de responsabilidad a quienes desempeñaban cargos jerárquicos en el área.

“Ola Castro y Durnelli fueron un trípode jerárquico y responsables de las anomalías que significaron el envió de una falsa cuadrilla a Guachipas y que culminaron con cuatro muertes”, aseguró y definió: “Un poco de justicia no es suficiente, el resto del envase tiene mucho de impunidad”. 

Explicó que la absolución de los ex funcionarios está fundada en el beneficio de la duda pero que, el juez, a la hora de argumentar el fallo, no se expidió sobre ello. De hecho, señaló Saravia, previamente, se hizo una selección de la prueba ya que nunca se acreditó que se haya cumplido el protocolo de actuación y que los brigadistas hayan tenido el equipo necesario para combatir el incendio.

“Al juez le quedó grande el juicio, sigue divorciando la Justicia de personas que buscaba un fallo que contemple la realidad”, sostuvo y adelantó – concluyendo - que está previsto un recurso de casación como próximo paso en el proceso.