Por Aries, Emilia Calmejane y Leonardo Juárez, abobados que promovieron las acciones judiciales indicaron que en los próximos días debe conocerse la sentencia que fue presentada ante el Juzgado de Minas que está a cargo de la jueza Victoria Mosman.

Indicaron que la presentación es una petición colectiva lo cual implica la representación de un grupo de personas –en este caso los usuarios de transporte público del Área Metropolitana-, a quienes se les ha vulnerado sus derechos e intereses.

“La semana próxima tendremos una sentencia”, dijo Juárez. Por su parte, Calmejane puntualizó que plantean la nulidad e inconstitucionalidad de dos resoluciones de AMT de diciembre de 2018.

Una resolución es la que remplaza la audiencia pública por un documento de consulta el cuál es un expediente que no contaba con la información suficiente para que el usuario pueda entender por qué un aumento del cien por ciento. Además, el expediente en consulta no era de libre acceso sino que se debía pagar alrededor de trescientos pesos en fotocopias.

La otra resolución es la que aprueba el cuadro tarifario de aumento del cien por ciento, “consideramos que ese aumento ilegítimo”, indicó Calmejane.

Por otra parte, los amparistas expresaron su beneplácito por la decisión del Procurador General de la Provincia Pablo López Viñals, de hacer lugar a la presentación y destacaron que Salta sería la primera provincia en la que un Amparo Colectivo que involucra a todos los usuarios, logre una sentencia favorable.

Remarcaron además que no podía haber tenido lugar una instancia de debate en Audiencia Pública porque no había información, sino simplemente una presentación de dos hojas con no más de cinco renglones, sin balances, sin estudios de costos y con reducción de paradas y recorridos. “Nos comentaron que en la Legislatura pidieron los costos y respondieron que era secreto empresarial”, dijo Juarez y cuestionó tal respuesta por tratarse de un servicio público con subsidios estatales.

Finalmente, los abogados plantearon que hoy no se cuenta con información fehaciente sobre quién o quiénes son dueños de SAETA porque si bien su ley de creación establece que el 90 por ciento de la Sociedad del Estado pertenece a la Provincia y un 10 por ciento a la Municipalidad, también se habilita a la transferencia de las acciones lo cual pudo haber ocurrido.

“Nadie tiene esa información y por medio de la Justicia  podríamos obtenerla la semana próxima”, expresó Calmejane.