Casabella Dávalos sostuvo que el juez se pronunció a favor de la fiscal porque sostiene que es el propio funcionario judicial quien debe decidir si está afectado emotivamente o no con el caso pero los que pagan las consecuencias, son los ciudadanos.

“La garantía constitucional es el acceso a órganos objetivos, imparciales e independiente, cuando hay alguna situación que lo afecta, las partes pueden denunciarlas y así lo hicimos. Nuestra denuncia era fundada porque la familia del denunciante es conocida por la fiscal y además uno de ellos era empleado de la fiscalía durante varios años, eso quedo claro y aceptado pero se señaló que no había la entidad suficiente para que se vea afectada la investigación”, indicó.

El abogado manifestó que todavía queda tratar la prescripción de la acción penal y el pedido de libertad de su cliente. “Es muy probable que conteste la fiscal y se eleve a la cámara de acusación. Tiene un trámite inexorable, se corre vista y recién se eleva el expediente al tribunal que resuelve. Habría novedades a última hora o la semana entrante”, añadió.

El defensor consideró que “se debe hacer un juicio previo, lo que no puede hacer la justicia es anticipar la pena, ni los fiscales, es muy claro el artículo 18 de la Constitución pero hay gente que confunde el derecho sobre la no aplicación de una pena sin juicio previo”.

Por último, sobre los argumentos de la fiscalía para mantener la detención del sacerdote, el letrado dijo: “esto no existe porque recién se están realizando medidas cautelares y no hay indicios de que mi cliente se pueda fugar, mucho menos hay posibilidad que entorpezca un hecho que habría sucedido hace más de veinte años. Sin embargo, se está usando la detención como un anticipo de pena pero no hay pruebas”.