Por Aries, el abogado denunciante Luciano Romano, explicó que la clínica fue clausurada por decisión de las autoridades del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcssa) hasta que regularice su situación en el marco de la etapa investigativa que está llevando adelante el juez federal Julio Leonardo Bavio.

Irregularidades en la habilitación y en la compra de suministros médicos, fueron los motivos que llevaron a Proficcssa a tomar la medida contra la institución en cuestión.

Romano detalló que también otra línea investigativa se desliza sobre los presupuestos que pasaba el sanatorio al PAMI, ya que ingresaba un paciente a sala común y lo registraban como una urgencia, y además no se justificaba los suministros que eran comprados.

“Se sospecha que la providencia de los medicamentos vienen de medicamentos robados”, manifestó el letrado.

De esta manera, asociación ilícita y defraudación al Estado son los dos delitos que son investigados en el caso, por parte de las autoridades de la clínica, Emilio Benítez y Daniel Tolaba.

Romano sostuvo que se trata de una causas que por el tipo de delito que se investiga son largas y no rápidas, ya que se deben concretar investigaciones de muchas pruebas, mucha  información recaudada sobre libro de registro de pacientes, providencia de las drogas, y más.

En esta causa hasta el día de hoy se estima que la defraudación ronda los 34 millones.

Por último, el abogado detalló que no tienen conocimiento de que haya terceros fuera de la clínica, como por ejemplo empleados del PAMI, que estén vinculados al caso.