Reforma

En el marco de una reunión informativa de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos se recogió la opinión de especialistas y Salta presentó una iniciativa que apunta a  reducir las desigualdades entre provincias. La cuestión es esencial para resolver situaciones que están en la base de una organización deficiente de la democracia.

Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con una reforma tributaria, cuyo envío al Congreso estaba previsto para antes de fin de año en función de lo acordado con el FMI y los gobernadores reclaman mayor federalismo, se reconoce que estas demandas necesitan la revisión del sistema de distribución de los recursos que se recaudan. “Es una deuda pendiente cuyo debate lleva 30 años”, se señaló en la apertura del debate, que se centrará en la revisión de los objetivos originales del sistema, los criterios de distribución y los mecanismos de control, así como en el análisis de los desafíos futuros.

El sistema vigente se rige por una ley de 1988 que nació como un arreglo transitorio y pese a varios intentos nunca se logró modificar. Se considera que esa dificultad obedece a la falta de reglas claras para renegociar un nuevo sistema , que elimine los desequilibrios existentes entre la distribución de los recursos y las responsabilidades de gasto entre los distintos niveles de gobierno. Precisamente los especialistas señalaron que se evidencia una centralización de los recursos a nivel nacional y una descentralización del gasto a nivel provincial.

A través del Ministro de Economía, en este primer encuentro Salta propuso el Régimen de Equidad Federal. Básicamente, indica fijar la distribución de recursos con criterios objetivos, medibles y solidarios. En su exposición, Roberto Dib Ashur destacó que apunta a reducir las brechas de infraestructura, conectividad, desarrollo socioeconómico y capacidad fiscal entre las jurisdicciones.

El actual régimen de coparticipación federal, regido transitoriamente por la Ley 23.548, no responde a un criterio económico o demográfico dinámico, sino a coeficientes fijos históricos y negociados políticamente a fines del siglo pasado. Contempla una distribución primaria a través de la cual el gobierno nacional se queda con una porción superior al 42% y el resto se lo llevan las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la distribución secundaria cada distrito recibe una porción, que es la base de una discusión que se extiende en el tiempo, desde posiciones intransigentes.

Los coeficientes rígidos de la coparticipación impactan de forma drástica en Salta, que es una provincia que tiene una altísima dependencia de dichos fondos pero que viene perdiendo terreno frente al crecimiento de su población. Ello se manifiesta en el creciente descenso de las partidas per cápita.

Al igual que otros distritos que son grandes aportantes a la masa coparticipable por su actividad económica pero que no se ven favorecidos por la falta de criterios dinámicos de distribución, enfrenta mayores dificultades para prestar servicios de calidad a su población y cumplir con cada vez más responsabilidades debido a que el Estado nacional está delegando funciones en las provincias.

Todo parece indicar que esta oportunidad es la más favorable para alcanzar el acuerdo que viabilice la reforma. No sólo se asume que la falta de equidad, que está en el fondo del sistema vigente, somete a varios distritos a lamentables postergaciones sino que ahora hay un riesgo cierto de ver afectada las posibilidades de asentarse en la recaudación de sus propios impuestos. La madurez de la dirigencia política debe alentar el cambio, que es impostergable.

Salta, 21 de octubre de 2026