La reforma laboral no detiene la informalidad y proyecta un récord de litigiosidad
La desregulación y las flexibilizaciones impulsadas por el Gobierno nacional no han logrado traducirse en la reactivación del empleo formal ni en la pacificación del frente corporativo que proyectaba el oficialismo. Según los últimos informes del Monitor de la Reforma Laboral elaborados por el IAG y el CETYD de la Universidad de San Martín, desde la reglamentación del nuevo marco normativo en febrero se han destruido 36.000 puestos de trabajo formales.
En paralelo, los indicadores macroeconómicos del segundo trimestre ubicaron la tasa de desempleo en un 7,9% y la subocupación en un 11,5%, evidenciando que instrumentos como la extensión del periodo de prueba o el banco de horas no resultaron incentivos suficientes para la contratación privada.
Esta retracción del empleo registrado derivó en un notable desplazamiento hacia la informalidad, que ya alcanza al 45% de los ocupados —más de 6 millones de personas—, tras sumar 348.000 puestos no registrados en el último año, concentrados mayoritariamente en el cuentapropismo.
La dinámica expone una paradoja estructural: a pesar de que el Producto Bruto Interno experimenta una recuperación impulsada por sectores extractivos y financieros, el ritmo de creación de empleo resulta marcadamente inferior al de gestiones anteriores e insuficiente para absorber a las 200.000 personas que ingresan anualmente al mercado de trabajo. Esta brecha responde a que las ramas de actividad con mayor efecto multiplicador en la mano de obra, como la industria manufacturera y la construcción, continúan paralizadas.
En el plano judicial, la expectativa de reducir la conflictividad laboral derivó en un escenario contrapuesto. El fuero del trabajo se encamina a cerrar el año con una cifra récord que roza los 138.000 nuevos juicios laborales por accidentes y enfermedades, superando el pico histórico registrado el año anterior.
Especialistas en derecho laboral atribuyen este fenómeno a la inseguridad jurídica que introdujo la propia reforma, la cual, al carecer de jurisprudencia uniforme y reglas claras, empuja a empleadores y trabajadores a la judicialización de cada desacuerdo.
A este panorama se suma la postura del fuero laboral, donde diversos juzgados y cámaras ya han dictado fallos de inconstitucionalidad contra los topes indemnizatorios y las limitaciones al cálculo de multas por empleo no registrado.
(Con información de Perfil)