El representante del Ministerio de Público citó la directriz de “tolerancia cero” contra los curas abusadores establecida por el Papa Francisco, quien había sostenido que “la verdad es la verdad y no debemos esconderla”.

La presentación se hizo en el marco de la investigación que se lleva adelante contra el ex párroco de Rosario de Lerma, Emilio Raimundo Lamas por delitos de índole sexual en contra de un ex monaguillo y de una mujer que denunció haber sido abusada en su adolescencia.

Cargnello se negó a aportar tal prueba y aludió que un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Argentino, firmado en 1966, le impedía entregar tal documentación.

Este argumento fue compartido por la jueza de Garantías, Claudia Puertas, quien interviene en la causa y rechazó el pedido de allanamiento del Arzobispado para el secuestro de dicha documentación.

Ante esta situación, el fiscal Obeid volvió a insistir con el pedido de allanamiento y secuestro de la documentación, ya que el protocolo interno de la Iglesia para el juicio canónico establece que al momento de la apelación del sacerdote juzgado a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), con sede en el Vaticano, sólo se remiten copias de las actuaciones.

Señaló que el acuerdo aludido por el Arzobispado como razón para no entregar la documentación requerida, argumento que la jueza avaló, en ningún momento indica esa prohibición, como así también aduce que el convenio en cuestión no tiene jerarquía constitucional.

Por último, Obeid insistió en utilidad de la prueba y aludió al caso Ilarraz, ocurrido en Entre Ríos, donde la Iglesia Católica de esa provincia entregó voluntariamente la documentación correspondiente del proceso canónico seguido en contra del sacerdote que fue condenado a 25 años de prisión.