Armada denunció pagos irregulares por casi $1.000 millones en sueldos
La Armada Argentina denunció ante la Justicia una presunta maniobra de corrupción vinculada con la liquidación de haberes, después de que una investigación interna detectara pagos irregulares por $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026.
La auditoría reconstruyó 645 acreditaciones indebidas y señaló inicialmente a 23 personas, entre militares en actividad y retirados, personal civil, jubilados y personas que no tenían vínculo laboral con la fuerza. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades de cada involucrado.
El mecanismo investigado habría aprovechado una etapa del circuito de pago posterior a los controles habituales. Según la denuncia, determinados registros eran modificados antes de enviar los archivos al Banco Nación para aumentar importes o incorporar acreditaciones sin respaldo en las liquidaciones oficiales. Luego, los datos eran restituidos a sus valores originales, por lo que las diferencias no aparecían en los recibos de sueldo.
También se investigan pagos a personas ya desvinculadas, suplementos salariales indebidos y viáticos correspondientes a misiones en el exterior. Otras versiones incorporadas a la investigación señalan que algunos beneficiarios debían devolver una parte de los montos recibidos.
Cuatro personas sin relación funcional con la Armada concentraron más de $434 millones, alrededor del 44% del monto documentado hasta el momento. Una de ellas sería la esposa de un capitán de Navío señalado en el expediente como uno de los principales investigados.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos. El Ministerio de Defensa confirmó que, tras constatar inconsistencias en las acreditaciones, se inició una actuación administrativa y posteriormente se realizó la denuncia penal.
Si bien distintas publicaciones mencionaron un posible perjuicio cercano a los $1.600 millones, hasta ahora la cifra respaldada por la documentación incorporada a la denuncia es de casi $1.000 millones. La investigación continúa y podría ampliar tanto el monto como el número de involucrados.