Malvinas: Argentina rechazó la guía británica para proteger a empresas que operen en las islas

Londres sostuvo que la legislación argentina no alcanza a las compañías vinculadas con las islas y ofreció respaldo a las firmas. Cancillería ratificó el reclamo de soberanía y las medidas contra la explotación de recursos.
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El Gobierno argentino expresó su “más enérgico rechazo” a una guía publicada por el Reino Unido para empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas, en un nuevo cruce entre ambos países por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El documento británico, denominado “Doing business with the Falkland Islands”, fue publicado el 15 de septiembre por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el área de Comercio del Reino Unido. Está dirigido a compañías que operan en las islas, les brindan bienes o servicios o participan de la explotación de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Londres sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni puede aplicar allí su legislación interna. También afirma que no encuentra fundamentos para que tribunales de terceros países ejecuten sanciones argentinas contra empresas vinculadas con el archipiélago.

La guía señala además que el Gobierno británico está dispuesto a intervenir y respaldar a las compañías que reciban advertencias o enfrenten presiones en terceros países como consecuencia de sus negocios en las islas.

La respuesta argentina

Cancillería rechazó esa interpretación y reafirmó la posición argentina de que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos forman parte del territorio nacional, cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

El conflicto se profundizó por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas y desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Argentina considera que esas actividades carecen de autorización nacional y anunció nuevas acciones administrativas y judiciales contra las compañías involucradas.

Buenos Aires también presentó notas de protesta a los representantes diplomáticos del Reino Unido e Israel por el desarrollo del proyecto y las licencias otorgadas para la explotación hidrocarburífera.

El Gobierno de Javier Milei prepara además una nueva legislación destinada a endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, mientras Londres busca garantizar a los inversores que continuará respaldando esas operaciones.

El nuevo cruce abre así otro capítulo en la disputa: Argentina intenta aumentar el costo legal y comercial para quienes operen en las islas, mientras el Reino Unido procura darles seguridad jurídica y respaldo político.

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