En su pedido, el representante del Ministerio Público manifestó que “es necesario asegurar la comparecencia del imputado en el proceso y la recolección de otros elementos”.

A su vez explicó que el peligro de fuga existe, ya que en caso de condena por el delito que se le imputa, la misma sería de cumplimiento efectivo.

Además se valoró que Lamas se desempeño como sacerdote en la localidad de Villazón, Bolivia desde el 2010 hasta el 2016, lo que le genera arraigo en ese país.

También sostuvo que “restan realizarse medidas en las que la presencia del imputado resulta imperiosa, tales como el examen psicológico y psiquiátrico”.

Obeid recordó que estamos en presencia de hechos de violencia sexual en los que la víctima, en su condición de menor de edad, fue presa de valores que lo denigraron como persona y en relación a estos hechos “al Estado argentino le cabe aportar especiales resguardos”.

Respecto al pedido de la defensa de que se dicte la prescripción de la causa, el fiscal entiende que el pedido es improcedente, teniendo en cuenta que el hecho denunciado había ocurrido en 1991 cuando la víctima tenía 16 años.

Resulta aplicable la causal de suspensión de la acción penal establecida mediante en el Código Penal, que “se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”.

De esta manera, y citando otras jurisprudencia, Obeid aseguró que “la acción penal se encuentra vigente y se debe rechazar el planto de la defensa en cuanto a la prescripción”. El planteo ahora deberá resolver la jueza de Garantías, Claudia Puertas.