Opinión06/08/2026

Soberanía

El gobierno nacional decidió retirar del proyecto mencionado como ley de tierras el polémico capítulo que eliminaba los límites a la venta de propiedades a extranjeros. Sin embargo, no enfrió el estado deliberativo en el que está inmersa buena parte de la sociedad, que advierte la posibilidad que solo se trate de una postergación hasta encontrar condiciones más propicias.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impactó en una cuestión que históricamente generó confrontaciones en la Argentina. Todo debate que se vincule a la propiedad de tierras rurales suele expresarse en posiciones extremas que trascienden los posicionamientos partidarios. Además, suele convocar a muchos sectores a manifestar sus razones, como ha ocurrido en esta oportunidad con los veteranos de la guerra de Malvinas, que han promovido un debate mediático sobre el tema, con argumentos más emotivos que técnicos o académicos.

La propuesta de la administración libertaria apuntó a eliminar los límites vigentes desde 2011 para la titularidad extranjera sobre tierras rurales, que no puede superar el 15% en cada provincia y en cada departamento o municipio. También está determinado que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La discusión abierta con la iniciativa ha demostrado un marcado incumplimiento, que en algunos casos se adjudica a situaciones preexistentes . Salta, precisamente, es uno de los estados que expone estas faltas.

El interés del oficialismo por avanzar en su objetivo de liberar la compra de tierras rurales para personas físicas y jurídicas extranjeras, habilitó distintos espacios de discusión y también de negociación política para construir el consenso necesario en el ámbito parlamentario. En ese punto, la presión social especialmente pesó sobre el acompañamiento que un grupo de gobernadores suele prestar a las iniciativas del presidente Javier Milei, para asegurar la gobernabilidad del país. No alcanzó la prédica de que una mayor apertura podía favorecer inversiones y generar nuevas oportunidades para el desarrollo productivo. Ese mensaje fue confrontado por sectores políticos, organizaciones sociales, entidades vinculadas a la cuestión territorial y los veteranos de guerra, quienes advirtieron sobre la necesidad de mantener resguardos para proteger recursos estratégicos y preservar la soberanía nacional. En ese debate, los miembros de la selección nacional de fútbol que exhibieron una bandera con el reclamo por Malvinas, pusieron un punto de inflexión al convertir la discusión parlamentaria en una causa social.

Cuando las negociaciones abandonaron los despachos oficiales porque la calle se llenó de reclamos, la política comenzó a tomar su resguardos. El modelo de avanzar con una escuálida fuerza propia pero con suficientes aliados para imponer una idea, entró en zona de riesgo. Los socios advirtieron que no es un tema para la previa de un proceso electoral y ello llevó a que el oficialismo extremara sus esfuerzos por salvar su pretensión, sin romper la alianza legislativa. 

La intención de poner sobre las espaldas de los gobernadores parte de la responsabilidad de poner el territorio en manos extranjeras, finalmente resultó en el retiro del apoyo de los mandatarios. La soledad en la que quedó La Libertad Avanza provocó el retiro del cuestionado Capítulo III. 

En principio se interpreta que esta claudicación es temporaria porque está la intención de avanzar, en otro momento, con un tratamiento individual. Frente a ello cobra fuerza el señalamiento de los ex combatientes, que insistieron en su rechazo tras conocerse la decisión oficial. 

“La propiedad de la tierra no sólo tiene un valor económico, sino que representa un componente esencial de la soberanía”, dice el último documento publicado este miércoles. Y ello es indiscutible  especialmente en regiones de importancia geopolítica, como es el área fronteriza.

Salta, 06 de agosto de 2026

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