La libertad de expresión protege el debate público, pero no habilita a difamar
Las expresiones vinculadas con funcionarios, investigaciones periodísticas y asuntos de interés público cuentan con una protección legal más amplia desde la reforma de los delitos de calumnias e injurias, aunque esa garantía no permite acusar falsamente a una persona de haber cometido un delito.
El cambio surgió después de la condena internacional al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel, quien había sido sancionado por cuestionar la actuación judicial en la investigación de la masacre de los sacerdotes palotinos.
A partir de esa decisión, Argentina debió adecuar su legislación a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y limitar el uso del derecho penal contra periodistas, medios y ciudadanos que intervienen en debates de relevancia pública.
La abogada Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo, por Aries, que la reforma permitió fortalecer la libertad de prensa al excluir del castigo penal muchas expresiones relacionadas con la actuación de funcionarios, el manejo de fondos públicos, las campañas electorales, los servicios estatales y las investigaciones periodísticas.
Sin embargo, remarcó que la modificación no habilita a decir cualquier cosa. Una persona todavía puede enfrentar consecuencias si atribuye falsamente a otra un delito concreto o si realiza expresiones con la intención de dañar su honor en un asunto que no reviste interés público.
Qué se considera de interés público
La protección alcanza especialmente a contenidos vinculados con:
- la actuación de funcionarios;
- el manejo del dinero estatal;
- investigaciones sobre corrupción;
- campañas electorales;
- servicios públicos;
- salud y educación;
- instituciones con relevancia social.
En esos casos, el debate recibe una tutela mayor porque trasciende la vida privada y afecta a la comunidad.
Por qué los medios utilizan el potencial
Aunque existe una mayor protección, los medios periodísticos mantienen fórmulas como “habría”, “estaría investigado” o “sería parte” porque una investigación judicial no equivale a una condena.
Ese uso también permite diferenciar los hechos comprobados de las hipótesis, proteger las fuentes y reducir el riesgo de presentar como certeza una acusación todavía no acreditada.
Barros Ruiz consideró que esa cautela sigue siendo necesaria incluso para los medios y periodistas que cuentan con fuentes judiciales confiables.