La Unidad de Flagrancia permitirá resolver delitos de fácil comprobación en 72 horas

La nueva herramienta judicial comenzó a funcionar en el marco de la modernización del Ministerio Público Fiscal.

La puesta en marcha de la Unidad de Flagrancia marca un nuevo paso en el proceso de modernización del Ministerio Público Fiscal de Salta. Así lo explicó el coordinador de Fiscales, Dr. Pablo Rivero, durante una entrevista en "Agenda Abierta", por Aries FM, donde detalló que el objetivo es dar una respuesta más rápida y eficiente a los delitos cuya autoría puede comprobarse de manera casi inmediata.

"La Unidad de Flagrancia deviene de la modernización del Ministerio Público Fiscal", sostuvo Rivero, al explicar que el avance de la tecnología cambió la forma de investigar los hechos delictivos. En ese sentido, señaló que actualmente muchas causas cuentan con registros de cámaras del 911, cámaras de seguridad privadas o evidencia obtenida por la intervención policial, lo que permite acelerar los tiempos de investigación.

El funcionario explicó que una de las principales novedades es que estos casos ya no serán distribuidos entre distintas fiscalías, sino que quedarán concentrados en un equipo fiscal, integrado por varios profesionales y coordinado por un fiscal responsable. "Ahora vamos a hablar de un equipo fiscal", indicó, al remarcar que esta modalidad busca optimizar recursos y brindar respuestas más rápidas.

Rivero detalló que, una vez que una persona es demorada en un hecho de flagrancia, se informa al juez de Garantías y se abre un plazo de hasta 72 horas para reunir todas las pruebas disponibles, como registros del sistema de emergencias 911, filmaciones particulares y el testimonio de la víctima, con quien el equipo fiscal también tomará contacto para conocer su posición frente al caso. Cumplida esa etapa, la Fiscalía resolverá si corresponde formular una imputación o una acusación y comenzará el proceso previsto por el sistema acusatorio adversarial, que prioriza la búsqueda de soluciones tempranas para los conflictos penales antes de llegar a un juicio.

Según sostuvo, el desafío es optimizar los recursos disponibles para concentrar los mayores esfuerzos en aquellos delitos que generan un mayor impacto en la sociedad.

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