Opinión08/07/2026

Desviaciones

Una nueva vuelta de tuerca tuvo la confrontación entre la representación legislativa de un departamento del interior de la provincia y la concesionaria del servicio de energía eléctrica. La reacción de los usuarios ante la facturación del mes anterior mostró una alteración que no suele reclamarse de manera masiva y que permitió comprobar errores que no se corrigieron y se repiten en el período actual.

La evolución del problema, que irrumpió el mes pasado, tuvo otras derivaciones y lejos de encaminarse hacia una resolución se va complicando hasta exceder los límites de la prestación de un servicio público esencial. Sin que se haya resuelto lo que en principio era una problema de facturación, motivó una denuncia penal por negociaciones incompatibles. Y en la última sesión de la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia  socioeconómica y tarifaria de servicios públicos esenciales. La medida se fundamenta en los desmedidos incrementos de la facturación y en la imposibilidad de afrontarlos por parte de  los usuarios, debido a la pérdida de ingresos y a la caída del poder adquisitivo.

En el tramo de Manifestaciones de la última sesión de la Cámara baja, el presidente del principal bloque oficialista Todos por Salta Germán Rallé, enfatizó en que se viene advirtiendo por los excesos de la Distribuidora y demandando acciones en defensa de usuarios cautivos, atento a la naturaleza monopólica de la prestación. “Nada alcanza” fue la queja del diputado de General Güemes, al denunciar que pese al intento correctivo del Ente Regulador -que aplicó una elevada multa a EDESA- se repitieron los abultados montos en las facturas, haciendo sospechar que los aparentes errores son una actitud maliciosa de la empresa, cuya persistencia puede constituir un fraude económico en perjuicio de las familias.

Frente a esa situación, se planteó declarar la emergencia socioeconómica y tarifaria de los servicios esenciales en toda la provincia por el término de un año. En ese lapso,se debe congelar el precio de la prestación, impedir interrupciones por falta de pago y reforzar el control del Ente Regulador sobre las prestatarias.

Este proyecto se suma al presentado a mediados de junio, que propone quitarle a Edesa la concesión y habilitar un nuevo proceso de licitación del servicio eléctrico. La propuesta no implica automáticamente la salida de EDESA, pero abre la puerta a revisar las condiciones de la prestación actual. La iniciativa contiene en su fundamentos un cuestionamiento a la política empresarial de EDESA,considerando que la firma estaría priorizando la recaudación por encima de la mejora de la prestación. Reclamó un cambio de rumbo: mayor calidad del servicio y lo reforzó en la última sesión, respaldándose en lo que considera “un cansancio con la empresa” por la falta de inversiones y una mala prestación.. Según señaló el diputado Rallé, hay instalaciones que datan de los años 60 y EDESA “está más preocupada en recaudar que en poner a punto al servicio”.

En este punto de la confrontación, se trata de llevar la atención sobre el Ente Regulador de los Servicios Públicos, cuyo control en algún punto falló y posibilitó la facturación incorrecta.

El tratamiento de la cuestión llegó a instancias legislativas merced a la actitud de los propios usuarios, que se unieron detrás de un reclamo.

El sistema contiene las normas suficientes para enmendar las desviaciones y lo demuestran las tres décadas de su vigencia. Las fallas son de ejecución y deberán ajustarse.

Salta, 08 de julio de 2026

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