Judiciales salteños, entre changuitas y quiebras: “No estamos llegando”

El secretario general del gremio judicial, Matías Aramayo, advirtió en Pelo y Barba, por Aries, que la situación salarial de los empleados judiciales de Salta se volvió crítica y que muchos trabajadores necesitan realizar otra actividad para llegar a fin de mes.

“Hoy por hoy tenés que tener otra changuita, si no es imposible e inviable poder tener una vida digna”, afirmó el dirigente, al describir el impacto de la pérdida del poder adquisitivo sobre el sector.

Aramayo sostuvo que los salarios iniciales dentro del Poder Judicial salteño quedaron por debajo del costo de vida y que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Según detalló, en febrero un ingresante a la Justicia cobraba alrededor de $815.000 de bolsillo, mientras que un contratado administrativo apenas superaba los $806.000 y un trabajador de servicios generales percibía cerca de $754.000.

El gremialista también puso el foco en la situación de los contratados. Señaló que hay trabajadores judiciales que llevan hasta 13 años bajo esa modalidad, sin estabilidad laboral y dependiendo cada año de la renovación de sus contratos.

“Hay compañeros que tienen 13 años de contrato. No tienen acceso a una carrera judicial y año tras año tienen que estar rogando que se renueve”, expresó.

Aramayo vinculó el reclamo salarial con los cambios que atraviesa el sistema judicial, entre ellos la implementación de expedientes digitales, oficinas judiciales y modificaciones en el Código Procesal Penal.

En ese sentido, sostuvo que los empleados deben capacitarse y sostener un servicio cada vez más demandado por la conflictividad social, pero con ingresos que no acompañan esas mayores responsabilidades.

“No dejamos de brindar un servicio sumamente importante para la sociedad”, afirmó, y remarcó que los trabajadores judiciales necesitan una recomposición que les permita recuperar poder adquisitivo.