Opinión09/06/2026

Preocupación

Es creciente la preocupación social por la caída del poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Se trata de una situación que se está midiendo con precisión en el ámbito de la economía formal, en el que también está apareciendo la conflictividad gremial.

Se han conocido datos que ponderan la inquietud ciudadana en ese plano. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires  y el CONICET da cuenta que el salario mínimo vale menos que en 2001 y necesita quintuplicarse para recuperar su poder de compra. Asimismo, un referente de los jubilados en Salta conceptualizó el impacto de la caída sobre uno de los sectores más golpeados. 

“Hoy hay que elegir entre remedios, comida o pagar los servicios”, es lo que dijo José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen, dimensionando la magnitud del problema que deben enfrentar los pasivos, especialmente los que pertenecen a la ancha franja de los que perciben la mínima. Son los que registran una pérdida real de un poco más del 10% de su poder de compra. Esto se debe principalmente a que el bono extraordinario quedó congelado en 70 mil pesos desde marzo de 2024, licuando su valor frente a la inflación acumulada.

No es responsabilidad exclusiva de la administración libertaria. Los cálculos dan cuenta que la devaluación del poder de compra previsional atraviesa las diferentes gestiones de distintos signos políticos. Modificar la fórmula de cálculo del ajuste de los montos fue una tarea de todos los gobiernos, para cumplir con el mandato de la Corte Suprema expresado en el famoso fallo Badaro, especialmente en su versión de 2007, cuando fijó un índice de ajuste. 

Respecto de su evolución en la última década, el mayor retroceso tuvo lugar con la reforma impuesta en el gobierno de Mauricio Macri, con la que sufrió una contracción del 23% en términos reales. En la última gestión peronista, encabezada por Alberto Fernández, los ajustes se concentraron en la base de la pirámide salarial y la mínima retrocedió 6% mientras que los haberes superiores cayeron un 35% . Fue el período en el que se introdujo el pago de un bono, que sigue vigente, pero congelado a noviembre de 2023. La administración de Javier Milei impuso  la fórmula de IPC mensual, que golpeó a la mínima con un retroceso de casi 8 puntos porque la actualización no se aplica en el bono.

También trascendió varias gestiones el deterioro del salario mínimo real; la tendencia descendente se inició hace más de una década. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET, indica que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi el 40%. Asciende actualmente a casi 400 mil pesos, cuando para preservar su poder adquisitivo original debiera alcanzar más de un millón 800, entre cuatro y cinco veces más. Cuando el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue creado en 1964, durante el gobierno de Arturo Illia, debía cubrir alimentación, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión para una familia tipo.

No solo es significativa la caída del poder adquisitivo real de los ingresos; los servicios esenciales y de seguridad social también se han deteriorado, agravando los efectos sobre la vida cotidiana. Incrementos desmesurados en la facturación ponen a usuarios al borde de los cortes, mientras se dificulta el acceso a prestaciones sanitarias a través del entramado de obras sociales.

No se observa preocupación en los gobiernos por los reclamos que van tomando estado público. Sí se ve a la política ocupada en las internas del poder para avanzar hacia un año electoral que, en provincias como Salta, abrirá su cronograma en la segunda mitad del que está en curso.

Salta, 09 de junio de 2026

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