Desechos cloacales en la Puna: “Las malas empresas quedan impunes”
El tratamiento de los desechos cloacales generados por los campamentos mineros en la Puna salteña volvió a quedar bajo la lupa en la previa del Día Mundial del Ambiente.
El doctor en Biología, investigador y docente de la Universidad Nacional de Salta, Enrique Derlindati, advirtió que la provincia necesita mayores controles sobre el manejo de efluentes cloacales y residuos sólidos asociados a la actividad minera.
En Pelo y Barba por Aries, el especialista señaló que muchas veces las grandes compañías tercerizan el tratamiento y traslado de esos residuos, y allí aparecen los principales riesgos.
El riesgo de los residuos tercerizados
Derlindati explicó que, según denuncias de pobladores, comunidades originarias y trabajadores, algunas empresas prestadoras de servicios habrían volcado residuos cloacales o residuos sólidos en caminos o sectores no autorizados.
“Hay denuncias de que utilizan la mina como un vertedero ilegal”, advirtió el investigador, aunque aclaró que no todas las empresas actúan de la misma manera.
En ese sentido, remarcó que existen firmas responsables, pero también empresas que incumplen normas ambientales. “Las malas empresas quedan a veces impunes. No hay foco sobre el mal manejo”, cuestionó.
La minería y los ecosistemas de altura
El especialista planteó que la actividad minera no debe ser pensada únicamente como extracción de minerales, sino como una intervención sobre ecosistemas de altura.
“No es una roca inerte”, señaló al remarcar que los campamentos mineros funcionan en ambientes sensibles y que cualquier mala práctica puede generar consecuencias sobre el suelo, el agua y las comunidades cercanas.
Derlindati también comparó la situación de Salta con otras provincias mineras y sostuvo que en algunos casos Jujuy o Catamarca aplican exigencias más estrictas para el tratamiento de efluentes en los propios campamentos.
Falta de controles y temor a denunciar
El investigador advirtió además que muchas denuncias no llegan a formalizarse por temor a perder el empleo, especialmente cuando se trata de trabajadores vinculados a empresas tercerizadas.
Para Derlindati, el problema no puede quedar reducido a responsabilidades administrativas. Reclamó una mirada ambiental integral, controles sostenidos y sanciones efectivas cuando se detecten incumplimientos.
En la antesala del 5 de junio, el planteo vuelve a poner en discusión qué tipo de desarrollo minero busca sostener Salta y qué exigencias ambientales está dispuesta a aplicar para proteger sus recursos naturales.