La AMT vuelve a asumir la regulación de taxis y remises en la capital salteña
El Gobierno de la Provincia de Salta aprobó un nuevo convenio entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, mediante el cual se redefine el esquema de regulación del servicio público de taxis y remises en la capital provincial.
El acuerdo, suscripto entre el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, y el intendente de Salta, Emiliano Durand, se enmarca en la Ley Provincial Nº 7.322 y en la reorganización del sistema de transporte automotor impropio.
Según los antecedentes, en 2009 la Provincia y el municipio firmaron un convenio que otorgó a la AMT la organización, fiscalización y administración de licencias del servicio, acuerdo que fue prorrogado en varias oportunidades hasta su rescisión en julio de 2025, tras considerarse cumplido el proceso de reordenamiento del sistema.
El nuevo convenio establece que la Municipalidad de Salta delega nuevamente a la AMT la totalidad de sus facultades sobre taxis y remises, incluyendo la potestad disciplinaria sobre infracciones y contravenciones del servicio.
A su vez, el acuerdo aclara que la delegación no impide que el municipio pueda realizar controles sobre el sistema. También reconoce que las licencias vigentes corresponden al padrón administrado por la AMT, sin nuevas habilitaciones otorgadas por el Ejecutivo municipal.
En materia económica, se fija que la Municipalidad deberá abonar a la AMT una tasa de fiscalización equivalente a 80 litros de gasoil común por año por cada vehículo habilitado, a partir de 2026. La liquidación será realizada anualmente por la AMT, mientras que el municipio tendrá un plazo de 10 días para girar los fondos.
El convenio también establece que los recursos provenientes de tasas, multas y otros conceptos constituyen fondos propios de la AMT, sujetos a auditorías de los órganos de control provincial.
Asimismo, la AMT será la encargada de dictar la reglamentación del servicio, mientras que el municipio deberá adecuar su normativa vigente. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por acuerdo entre las partes, y podrá ser rescindido sin causa con un aviso previo de 30 días.