Riesgos
Se está atravesando un proceso intenso de judicialización de la política. No se trata de la intervención de jueces para sancionar desvíos en el manejo de recursos o para declarar la constitucionalidad de decisiones o para preservar derechos en situaciones puntuales. La Justicia se ha convertido en el camino para resolver la conflictividad que la política genera y no soluciona.
Sobran ejemplos, incluso sí sólo se analiza la primera mitad del gobierno libertario. Una propuesta votada, entre otras razones, por el cambio estructural prometido tuvo un avance mínimo porque buena parte de sus decisiones son sometidas al análisis de magistrados. Es el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, de diciembre de 2023 -el primero que comenzó a transitar los pasillos judiciales- y de la Ley de Modernización Laboral, la última sancionada por el Congreso en el marco de las reformas para construir un nuevo país. Entre ambos extremos, por decenas se acumulan las presentaciones en juzgados federales y también provinciales.
Es así que no sorprende el anticipo de un legislador de La Libertad Avanza de Salta de que judicializará la sanción de una ley, que comenzará a debatirse este martes. Es una iniciativa del oficialismo que impacta de lleno en el corazón del ordenamiento democrático que es la emisión del voto popular y que, lamentablemente, suele modificarse con frecuencia.
Es cierto que la esencia de este pronunciamiento mantiene el fondo: secreta, universal y obligatoria pero las formas se ajustan a intereses que pocas veces responden al de los ciudadanos. La última modificación data de hace menos de un año y medio y esa norma es la que va a ser reformada parcialmente.
La Ley Nº 8463 fue sancionada el 29 de octubre de 2024 para derogar la Ley 7697, eliminando las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sus disposiciones, que se aplicaron solamente en las elecciones de mayo pasado, van a tener un ajuste significativo. El proyecto, presentado como Ley de Participación Democrática, fue tratado por distintos sectores políticos como una nueva edición de la Ley de Lemas, que estuvo vigente en esta provincia desde 1991 a 2001, configurando una opinión negativa a su sanción.
La iniciativa del bloque Todos por Salta, que reúne a más de la mitad de los diputados provinciales, tuvo un tratamiento en comisiones que, obviamente, tienen mayoría oficialista y no se conoce una opinión formal de aquellos partidos sin representación parlamentaria. Tampoco se pronunciaron otras instituciones de la sociedad civil, uno de los cuales atinó a organizar un debate para este martes, a horas que la Cámara baja le de la media sanción, como se estima que va a suceder por aquello del peso de las mayorías. Ha sido convocado por el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados, que habilitó una instancia virtual para darle el mayor alcance posible.
Seguramente será otra cuestión que caerá en una relación que ya es tensa en el país -y la provincia no es una excepción- entre la política y una sociedad fuertemente politizada, aunque parezca estar atravesada por el individualismo. La crisis de 2001 recuerda que la aparente tolerancia que expresa la ciudadanía, tiene límites. También está latente la crisis de representación, que golpea fundamentalmente a los partidos tradicionales y que a veces resulta en la imposición de liderazgos disruptivos, como se observa actualmente.
De allí que la judicialización de la política trae consigo el riesgo de debilitar una democracia que, a un poco más de cuarenta años de su restauración, sigue tratando de lograr su consolidación. Que las leyes queden en manos de la ratificación judicial debilita al Congreso pero también a la Justicia, cuando su pronunciamiento da razones a uno u otro sector político o social.
Recurrir a la participación social para dar legitimidad a las normas sería un camino virtuoso porque alejaría el riesgo del copamiento del poder por parte de castas que se erigen en dueños de la voluntad popular, mediante discutibles recursos.
Salta, 20 de abril de 2026