Desde Humanidades alertan que la baja de imputabilidad vulnera derechos de adolescentes
La Comisión de Educación en Contexto de Privación de Libertad de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) manifestó su rechazo al proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional y que ya cuenta con media sanción en el Congreso.
A través de un comunicado, la comisión expresó su “profunda preocupación” ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal, al considerar que representa un retroceso en la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes .
Desde el espacio universitario, que desarrolla tareas en contextos de encierro tanto en establecimientos para adultos como en dispositivos juveniles, señalaron que las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas actuales no cumplen con los estándares mínimos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas internacionales .
El documento también menciona informes de organismos de derechos humanos que advierten deficiencias estructurales en centros de detención juvenil, como problemas de habitabilidad, limitaciones en el acceso a la educación y escasa disponibilidad de dispositivos terapéuticos .
En ese contexto, la comisión sostiene que ampliar el alcance del sistema penal a edades más tempranas profundiza la vulnerabilidad de los adolescentes y no se justifica en términos estadísticos, ya que —según datos oficiales citados— la participación de menores en delitos graves representa una proporción reducida del total de hechos registrados .
Asimismo, remarcaron que las trayectorias de los jóvenes que ingresan al sistema penal suelen estar atravesadas por situaciones de pobreza, deserción escolar, violencia y consumos problemáticos, por lo que plantean que la respuesta estatal debe orientarse a fortalecer políticas de prevención, inclusión educativa y salud mental, antes que endurecer el sistema punitivo .
Finalmente, solicitaron que el debate legislativo se desarrolle con participación de especialistas y organismos de derechos humanos, evitando tratamientos apresurados que puedan afectar garantías fundamentales .
El pronunciamiento suma la voz de la comunidad académica salteña a una discusión que atraviesa el escenario político nacional y que genera fuerte debate en torno al abordaje de la problemática juvenil y la seguridad.