Alertan por un retroceso en las políticas de discapacidad tras el cierre de ANDIS

Por Aries, Luis González, referente de TGD Padres TEA Salta, expresó una fuerte preocupación tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerar que la medida profundiza la incertidumbre y representa un claro retroceso en materia de derechos para las personas con discapacidad.

“Es una prueba más de todo lo que viene pasando con el sector discapacidad. No tenemos respiro, no podemos bajar la guardia”, señaló González, quien cuestionó especialmente la forma en que se comunicó la decisión. Según explicó, el anuncio realizado en el último día del año fue “totalmente improlijo” y generó aún más confusión en un sector que ya se encuentra “muy vapuleado”.

El referente advirtió que existe un “ensañamiento evidente” contra las políticas de discapacidad y remarcó que la medida implica retroceder del modelo social —que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho— hacia un modelo estrictamente médico. “Nos parece totalmente inconcebible, porque es un retroceso en las reivindicaciones logradas por las personas con discapacidad”, sostuvo.

González también alertó sobre el impacto que tendría reducir la discapacidad únicamente al ámbito del Ministerio de Salud, ya que —según indicó— esto le quita responsabilidad al Estado en garantizar derechos básicos como la educación, el trabajo, la vivienda y la inclusión social. “La discapacidad es transversal a todas las áreas del Estado. Limitarla a la salud es desconocer derechos fundamentales”, afirmó.

En ese sentido, remarcó la importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), al que definió como “la llave de acceso al sistema de derechos”. “Con el CUD se garantizan derechos a la inclusión, prioridades en determinados ámbitos y el acceso a servicios esenciales. No se puede estigmatizar diciendo que quien tiene un CUD cobra una pensión”, advirtió.

El referente de TGD Padres TEA Salta desmintió además la idea de que todas las personas con discapacidad reciben una pensión. “Eso es falso y maligno. Solo un porcentaje mínimo accede a una pensión, pero se genera confusión y estigmatización hacia todo el colectivo”, subrayó.

Finalmente, González concluyó que el cierre de ANDIS implica un retroceso en la concepción misma de la discapacidad y una renuncia del Estado a su rol de garante de derechos. “Pasar de sujetos de derecho a personas vistas solo desde la medicalización es quitarle responsabilidad al gobierno. Eso es lo más grave de todo”, concluyó.