Investigan presuntos retornos en la Fábrica Argentina de Aviones

La gerencia de Legales de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) realizó una presentación en la Oficina Anticorrupción en relación con dos denuncias que hicieron técnicos de la planta cordobesa entre el 19 y 20 de agosto pasado.

El caso comenzó luego de que el presidente de FAdeA, Julio Manco, firmara un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación, con el objetivo de desarrollar nuevos servicios de mantenimiento (MRO) destinados a aeronaves ejecutivas y helicópteros. En el rubro “complementación de infraestructura”, se trataba del arrendamiento de un hangar de la planta cordobesa.

Presunto pedido de pago en efectivo

Luego del cierre de la contratación, una persona que sería secretaria del gerente comercial Pablo Salort se habría presentado en oficinas comerciales de la empresa arrendataria Alta Aviación y habría pedido un adelanto en efectivo de unos 30 mil dólares.

La sorpresa del interlocutor ante la solicitud de dinero en efectivo motivó un llamado a la oficina de Ventas de FAdeA para chequear datos. Allí confirmaron que era una auxiliar privada de Salort pero que nada sabían de tal operatoria a título personal.

Esa modalidad no se adecuaría a los procedimientos habituales que rigen la administración y contratación pública. Personal de la gerencia de Ventas y de Compras de FAdeA, entre ellos, Juan Ronco presentaron las denuncias ante la Gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, Julia Enríquez.

La situación habría quedado registrada en un video y existiría una captura de pantalla para preservar la integridad de la grabación. A pocos días del episodio el gerente comercial Pablo Salort solicitó la renuncia al cargo que fue aceptada por el directorio.

A continuación, tras recibir las presentaciones de los empleados, Enríquez, responsable de Legales, Ética y Compliance de la fábrica inició medidas de investigación preliminar y de resguardo probatorio que identificó como Caso 1/2025 y Caso 2/2025, elevó la denuncia y su información de soporte a la Dirección de Transparencia del ministerio de Defensa a cargo de Martín Camps.

También Enríquez remitió comunicación formal a la Oficina Anticorrupción (OA) describiendo los hechos, ya que es mandatorio cumplir con el deber legal de informar a la OA (decreto 1162/2002 y art.177 inc.1 del Código Procesal Penal) “los hechos y/o pruebas que fundamenten la presunción de la comisión de un delito perseguible de oficio cometido en el ámbito de la Administración Pública Nacional. . .”

Este medio, a través del periodista a cargo de esta investigación, pidió acceso a la información pública ante la Oficina Anticorrupción con el propósito de ampliar datos concretos sobre los hechos, quiénes intervinieron y normas vulneradas entre otros pedidos.

La OA confirmó el 14 de noviembre en nota, NO-2025-147043284-APN-DNAE#OA que “en el ámbito de la Dirección Nacional de Investigaciones y Fiscalización, dependiente de la Dirección de Investigaciones de esta Oficina Anticorrupción, se registra una investigación preliminar (SISA -registro interno- n°23.563) que se corresponde con el objeto de la consulta". “La misma se inició por denuncia ingresada el 23/9/2025 y se encuentra en pleno trámite”.

Informa que “la Investigación Preliminar será reservada hasta su finalización” y que “en consecuencia, en atención al estado de las actuaciones, no es posible brindar mayor información”.

Con información de Ámbito