Juicio por la Caja de abogados: 1.500 recibos anulados, un faltante millonario y apuntan contra la fiscal

El proceso contra Sergio Luis López avanza este miércoles con la declaración de empleados y contadores. Según las denuncias, las irregularidades superan los 48 millones de pesos.

El juicio oral contra Sergio Luis López, ex cajero de la Caja de Abogados de Salta, acusado de administración fraudulenta, finalmente comenzó esta semana luego de varias postergaciones.

Por Aries, el Dr. Juan Casabella Dávalos, apoderado legal de la Caja, señaló que el inicio del debate “costó bastante y sigue costando mucho hacerlo avanzar”. Explicó que las nuevas disposiciones implementadas por la Corte de Justicia —que asignan a una oficina judicial la organización de los juicios orales— generaron demoras y confusiones en las notificaciones.

“Las audiencias comenzaron el lunes, pero no habían sido citados los denunciantes, y hasta el día de hoy no tenemos constancia de que hayan sido notificados”, afirmó Casabella Dávalos.

El abogado recordó que desde principios de año se vienen solicitando informes al Banco Macro y Banco Galicia sobre los movimientos de la caja de seguridad bancaria, donde se habrían guardado más de dos millones de dólares durante casi dos años sin registrarse movimientos en los balances.

“No sabemos qué se hacía con ese dinero ni si se movía en el medio. Este juicio estaba previsto para el año pasado y se ha venido dilatando por varios motivos”, sostuvo.

Se suspendió el inicio del juicio contra el ex cajero de la Caja de Abogados, previsto para el 12 de septiembre

Según Casabella, este miércoles comenzó la etapa más relevante del proceso, con la declaración de empleados, contadores, gerentes y jefes del área contable, quienes deberán explicar por qué no se controlaban las operaciones del cajero acusado, a pesar de las irregularidades detectadas.

El apoderado de la Caja señaló que las pericias contables detectaron más de 1.500 recibos anulados sin justificación, lo que representa un monto histórico superior a los 48 millones de pesos, cifra que, actualizada, sería “muchísimo mayor”.

“Para que se entienda, en un supermercado si una cajera anula un ticket necesita la autorización de un supervisor. Sin embargo, en la Caja durante más de 10 años no existió ese control. Hoy recién empezamos a entrar en el meollo del asunto”, subrayó Casabella Dávalos.

Asimismo, Casabella señaló que la defensa del imputado se opone a la incorporación de pruebas y que, de manera preocupante, la fiscal del caso, Ana Inés Salinas Odorisio, habría convalidado esa postura, intentando acotar la investigación únicamente a la anulación de recibos efectuada por el cajero.

“El defensor cumple su función técnica, pero lo grave es que esto viene con la anuencia de la fiscal, que quiere circunscribir todo solo al cajero sin averiguar quiénes más participaron”, sostuvo Casabella Dávalos.

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