Bajo porcentaje de casos penales resueltos en Argentina, según informe
Un ranking de Eficacia Político-Criminal en Argentina reveló que solo entre el 1 y el 17% de los casos penales reciben una respuesta de calidad, como una condena o acuerdo reparatorio.
Un ranking de Eficacia Político-Criminal demostró un bajo porcentaje de los casos penales que reciben una respuesta de calidad, aunque sea mínima o potencial, según describe el último informe al que accedió la agencia Noticias Argentinas y del cual dieron información los Ministerios Públicos Fiscales de las mayorías de las provincias, salvo Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presenta una nueva actualización del Ranking de Eficacia Político-Criminal de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de Argentina, correspondiente al año 2023, el cual mide cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben una respuesta de calidad, para garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados y evitando que los conflictos se resuelvan de formas aún más violentas.
Conforme a lo expuesto en el análisis, se puede concluir que “solamente entre el 1% y el 17% de los casos penales reciben una respuesta de calidad”, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios de cualquier tipo.
Para construir esta tasa, el INECIP solicita todos los años a los Ministerios Públicos Fiscales “una serie de datos básicos sobre su estructura y funcionamiento, con el objetivo de generar un repertorio de datos básicos que se publican en el anexo estadístico”.
En esta última actualización detallaron que los MPF de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán no publicaron información ni respondieron las solicitudes, a pesar de contar con sistemas acusatorios consolidados.
“Esta falta de transparencia es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Además, evidencia un desinterés institucional por rendir cuentas a la ciudadanía sobre la capacidad de dar respuestas a las víctimas”, manifestaron.
Las autoridades explican que los objetivos de la microinvestigación es, primero, concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de producir datos básicos sobre el desempeño de las fiscalías.
A su vez, remarcan que es necesario promover la publicidad de la información sobre el desempeño de los Ministerios y contribuir con el trabajo de las áreas de estadísticas y de política criminal.
“La mayoría de los Ministerios Públicos sigue sin publicar, y a veces sin siquiera producir, datos básicos sobre su desempeño. De hecho, la mayoría de ellos no publica ningún tipo de dato. Tampoco cuentan con ningún tipo de planificación de su política de persecución penal, ni siquiera generales”, señalaron.
“Es necesario que los MPF incorporen esta preocupación y asuman con seriedad el deber que tienen en el marco de un sistema democrático que les asigna funciones fundamentales, en un momento en donde el efectivo cumplimiento de la prohibición de autotutela puede correr riesgo ante la ineficacia de las fiscalías. Se trata, en última instancia, de contribuir a la pacificación y a la consolidación de las democracias en nuestro país”, sumaron.
Con información de Noticias Argentinas
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