Comisión $LIBRA: Justicia rechaza llevar funcionarios al Congreso por la fuerza pública

En su primera decisión de peso desde que se quedó con la investigación sobre el caso $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó por “improcedente” el pedido de la comisión legislativa para que dispusiera la comparecencia por la fuerza pública al Congreso de cuatro funcionarios públicos para que, tras varios faltazos, presten declaración testimonial.

Martínez de Giorgi estimó que su juzgado “carece de competencia para disponer el comparendo por la fuerza pública de los testigos citados por el Poder Legislativo”, ya que consideró “constitucionalmente inadmisible” que una comisión legislativa amplíe sus atribuciones por la vía de “normas reglamentarias”, en vez de por una ley.

La decisión de Martínez de Giorgi benefició, en particular, a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva, quienes faltaron a las citaciones a testificar cursadas desde el Congreso.

La comisión legislativa evaluará esta tarde los pasos a seguir, tanto en la vía judicial –con la eventual apelación del fallo de Martínez de Giorgi ante la Cámara Federal-, como en la senda parlamentaria, donde los asesores del titular de la comisión, diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), ultiman un informe.

La resolución de 24 carillas de Martínez de Giorgi, sin embargo, no sólo beneficia de manera directa a Melik, Starc, Zicavo y Silva, sino que aporta una señal de alivio a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tampoco se presentó a declarar ante la comisión legislativa, en dos ocasiones.

Martínez de Giorgi quedó al frente de la investigación judicial por el “caso $LIBRA” junto al fiscal Eduardo Taiano luego de que María Servini primero impusiera su prevalencia frente a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, para meses después y de manera inesperada declinar su competencia en favor de su colega de Comodoro Py.

Ya con el expediente en sus manos, Martínez de Giorgi le puso un freno a los intentos de la comisión legislativa por forzar la comparecencia de funcionarios reticentes, pero también le llevó alivio a la Casa Rosada, que se resiste a dar explicaciones sobre lo ocurrido antes, durante y después del 14 de febrero pasado, cuando el presidente Javier Milei contribuyó al lanzamiento de la “memecoin” $LIBRA con un posteo en la red social X.

Pese a rechazar por “improcedente” la petición de la comisión, el magistrado también fijó su posición sobre la eventual comparecencia por la fuerza pública de los funcionarios públicos convocados a prestar testimonio. Sostuvo que “excede” las “atribuciones implícitas” que emanan de la “redacción del último inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional”.

Así, pese a que estimó que su Juzgado carece de competencia para ordenar la citación de testigos por la fuerza pública solicitada por la comisión legislativa, Martínez de Giorgi opinó en contra de esas citaciones. Estimó que podrían generar una “eventual afectación a la garantía judicial de no ser obligado a declarar contra sí mismo”, y que podrían suponer “el arrogamiento de facultades privativas del Poder Judicial de la Nación, en franca conculcación de los principios de legalidad y juez natural”.

Con información de La Nación