Presuntas coimas en la ANDIS: se levantó el secreto de sumario
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad podrá acceder por primera vez al expediente que lo involucra en supuestas contrataciones irregulares con una droguería.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas coimas y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La decisión marca un punto de inflexión en el expediente, ya que habilita a las partes a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.
El secreto de sumario había sido decretado a fines de agosto, luego de la filtración de una serie de audios en los que el propio Spagnuolo aludía a un supuesto esquema de retornos ilegales en la contratación de medicamentos a través del programa Incluir Salud. Las grabaciones, que rápidamente se viralizaron, mencionaban a altos funcionarios del Gobierno, incluidos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, lo que detonó una crisis política y judicial.
Durante el período de reserva, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios relevantes. Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo. Su declaración jurada de egreso, al 15 de septiembre, todavía no había sido presentada.
Ahora, con el expediente abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la prueba recolectada. El foco inmediato estará puesto en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker. La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con el organismo durante la gestión de Spagnuolo.
El juez deberá también resolver en los próximos días un pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, que cuestionan el origen de la causa al considerar que se basa en grabaciones ilegales que violan el derecho a la intimidad. Sin embargo, distintas fuentes del expediente señalan que Casanello se inclinaría por rechazar el planteo.
Entre las pruebas que ahora serán objeto de un análisis detallado se encuentra también la declaración jurada patrimonial de Spagnuolo y los registros de ingreso a los countries donde reside, al igual que su exnúmero dos, Daniel Garbellini, quien tenía a su cargo la negociación con las droguerías. La Justicia intenta determinar si funcionarios, dirigentes o representantes del sector farmacéutico los visitaron en el último año.
Uno de los testimonios que más comprometió a Spagnuolo fue el de Fernando Cerimedo, exasesor libertario, quien declaró de forma espontánea ante el fiscal Picardi y aseguró que el extitular de la ANDIS le confesó en reiteradas oportunidades la existencia de un esquema de corrupción en el organismo. La esposa de Cerimedo, además, trabajaba como auditora dentro de la agencia.
Los audios filtrados provocaron la salida de Spagnuolo del organismo el 20 de agosto y también llevaron a la renuncia de sus abogados defensores, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes alegaron motivos personales pero, según trascendidos, mantenían diferencias con su cliente respecto de la estrategia a seguir.
Por ahora, Spagnuolo permanece recluido en su domicilio y guarda silencio. En su entorno se especula con la posibilidad de que se presente como imputado colaborador, aunque aún no lo confirmó. El levantamiento del secreto de sumario es, en ese sentido, una condición necesaria para evaluar esa alternativa: solo con acceso al expediente puede decidir si le conviene o no ofrecerse como arrepentido.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados. Aunque todavía no se expidió, las sospechas giran en torno a supuestos direccionamientos y sobreprecios.
También avanza una auditoría interna del Gobierno nacional. El nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, espera contar con un informe preliminar en octubre. La intervención fue formalizada a través del decreto 601/2025 y tendrá una duración de 180 días. Esta semana también se oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.
Con información de TN
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