Por la posición dominante de anestesiólogos, quieren que intervenga la Fiscalía
“La Ley de Defensa al Consumidor no alcanza a los profesionales, pero la salud es un servicio esencial. Hay que frenar este monopolio que tienen los anestesistas y que les permite cobrar lo que quieren” sostuvo el gerente del hospital Oñativia.
Por Aries, el gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar, denunció que los anestesistas ejercen un “poder sobre el poder” que limita la capacidad del Estado para regular los servicios de salud. Según explicó, la situación se volvió insostenible cuando los profesionales del sector público que se especializan en hospitales estatales migran al ámbito privado y terminan convirtiéndose en un obstáculo para la administración sanitaria.
“La Ley de Defensa al Consumidor no alcanza a los profesionales, pero la salud es un servicio esencial. Hay que frenar este monopolio que tienen los anestesistas y que les permite cobrar lo que quieren. Es injusto: el anestesista no tiene consultorio, no tiene gastos de secretaria ni de alquiler, y sin embargo cobra hasta cuatro veces más que el cirujano que atiende al paciente desde la consulta”, explicó Nallar.
El gerente advirtió que la situación afecta directamente a los hospitales públicos: “El poder del Ministerio de Salud se ve limitado. Esto no nos puede volver a pasar, la sangre llegó al río”. Nallar también destacó que en Salta, más del 50% de la población no cuenta con obra social y depende del sistema público, mientras que cerca del 70% de los procedimientos de anestesia del Estado provincial se realiza para personas sin cobertura privada.
El funcionario señaló que la fiscalía debería intervenir para controlar este monopolio y proteger a los pacientes y al Estado. Además, explicó que los gerentes de los hospitales de la provincia están coordinados para abordar el conflicto y que la problemática se arrastra desde hace más de una década.
“La actitud es solidaria con los hospitales, pero es necesario exponer estas irregularidades. Los anestesistas se forman en el sistema público y luego se trasladan al privado, transformándose en un enemigo del Estado. Esto es un tema que afecta a la mayoría de los salteños y requiere intervención inmediata”, concluyó Nallar.
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