Conflicto
El Círculo Médico de Salta había anunciado la suspensión de atención a afiliados de la principal obra social de la provincia, denunciando la falta de pago de 2.400 millones de pesos. El pago parcial de dicha deuda motivó que se deje sin efecto la medida a partir de este miércoles, aunque se aclaró que es de manera temporal y se mantiene el estado de alerta, hasta tanto se efectivice el pago total del monto adeudado.
No es el único reclamo de este sector, ya que ha demandado la actualización de honorarios y sobre la cuestión no hubo respuestas. Precisamente, el silencio con el que la conducción del IPS avanza en un proceso complejo se señala como un inconveniente que suma preocupación y reduce la tolerancia de quienes ven sus derechos conculcados,
Cabe recordar que en febrero de este año, el Ejecutivo Provincial dispuso la intervención administrativa del organismo que, según la ley de creación que data de 2001, es una entidad autárquica, por lo que posee personería jurídica y autonomía administrativa, económica y financiera propia. En agosto pasado extendió dicha intervención por 90 días ratificando al contador Emilio Savoy al frente de la misma y los considerandos de la medida explicaron las razones, sin que se ponga demasiada luz en la cuestión.
El Gobierno Provincial informó que se busca consolidar las decisiones adoptadas en los últimos meses frente a la “crítica situación” que motivó la intervención de la obra social pero hay tareas pendientes para alcanzar un funcionamiento óptimo de la misma. Tal objetivo no parece estar muy cercano a la luz de los reclamos de pago, que plantean prestadores como las farmacias, los laboratorios y las distintas especialidades profesionales de salud.
Según cifras oficiales, la intervención determinó en el inicio de su gestión una deuda acumulada de unos 25.000 millones de pesos y un déficit mensual de entre 5.000 y 6.000 millones. Otro aspecto no menos preocupante se vincula con la existencia de numerosas denuncias e irregularidades sobre facturación, empleados VIP, ñoquis, contrataciones irregulares, etc. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, recurrió a la Justicia con una presentación sobre contratos incumplidos que representaron erogaciones millonarias, sin beneficios para la obra social. Su par de la oposición, José Gauffin, logró ser querellante en una causa que investiga el Ministerio Público Fiscal, que le permitirá acceder a información que la intervención no remite, complicando la tarea de control de la Legislatura.
En este complejo panorama debe apreciarse que el sector más débil es el de los afiliados, que se estiman en 270 mil personas. Excepto una franja no demasiada significativa, la mayoría tiene carácter forzoso por tratarse de empleados públicos y no tiene asegurada una representación efectiva en los niveles de decisión. A la hora de los conflictos, los afiliados adquieren el carácter de rehenes ya que la suspensión de prestaciones los tiene como únicas víctimas.
Es cierto que la situación del IPS no es una particularidad en el país. Todo el sistema de obras sociales provinciales atraviesa serias dificultades de orden financiero. Quizás ha llegado la hora de discutir un modelo de seguro de salud más eficiente y menos vulnerable.
Salta, 10 de setiembre de 2025