Institucionalidad

La última sesión de la Cámara de Diputados fue un capítulo más de la extrema tensión que caracteriza la relación del oficialismo y la oposición, los que tampoco tienen límites tajantes que los defina. Los dos polos de la esfera política se expresan en el presidente Javier Milei por un lado y el kirchnerismo por el otro.

Los títulos de los informes periodísticos dan cuenta de cómo se plantea la discusión en el escenario más importante de la convivencia democrática, que son ambas cámaras del Congreso. El resultado de la sesión especial de ayer se expresa en términos de derrota “humillante” o “aplastante”, cuando solo es un pronunciamiento legítimo de una opinión o un posicionamiento fundado frente a iniciativas que apuntan a resolver los problemas nacionales. El hecho que de inmediato se conozca la reacción del Ejecutivo anticipando el veto, que viene aplicando sobre anteriores sanciones porque impone su política innegociable de mantener un superávit fiscal que alcanza a través de cualquier medio, da cuenta que la lectura que hace sobre la acción del Parlamento es que solo responde a intereses sectoriales.

Si se toma distancia de algunos excesos discursivos a lo largo de más de doce horas de debate, se encuentran muchos elementos para dar por válidos la aprobación que fue mayoritaria y el rechazo, que respondió más a un disciplinamiento que a la defensa de las políticas de la administración libertaria. Los datos más duros de la crisis social encontraron eco en distintos tramos de las alocuciones, sin propuestas de caminos alternativos a los que condujeron a la decadencia nacional. Pero también se presentaron datos precisos, como los que aporta la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no hacen mella en las consideraciones en contrario que sostiene el oficialismo. De todas maneras, hubo advertencias sobre riesgos que deben atenderse para evitar consecuencias irreversibles.

La Cámara de Diputados de la Nación impuso un temario que confronta con las pretensiones de la Casa Rosada y dio media sanción a proyectos que aumentan gastos, como el de mayor financiamiento universitario y la emergencia de la salud pediátrica, que pone a resguardo la integridad del Hospital Garrahan. Además, rechazó DNU y decretos de medidas delegadas, que modifican la estructura del Estado, decisión que no sólo es de carácter fiscal sino que impacta en el corazón del modelo desregulatorio que alienta La Libertad Avanza.

Entre ambas posiciones queda el vacío del diálogo que debe conducir a necesarios acuerdos para aportar soluciones urgentes y de largo plazo. La discusión pendiente es la del presupuesto nacional, que debe transparentar el manejo de los recursos públicos definiendo las fuentes de ingresos, con equidad y los gastos, con razonabilidad. 

La Constitución Nacional define el marco en el que esta tarea esencial debe llevarse adelante, dando razón a la existencia de tres poderes y funciones a cada uno de ellos, en un sistema representativo, republicano y federal. El Ejecutivo no puede ignorar al Legislativo y gobernar con DNU y vetos. El Congreso, por su parte, sabe que la Argentina no es una democracia parlamentaria y debe allanarse a ese límite.

Son los momentos en que la institucionalidad es la prioridad. Es la fuente en la que deben abrevar quienes tienen las más altas responsabilidad públicas.

Salta, 07 de agosto de 2025