Disolución de Vialidad: menos del 30% del personal realizaba tareas en rutas

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este martes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/25 firmado por el presidente Javier Milei y otros funcionarios del gabinete. La medida se enmarca en una reestructuración institucional que, según el Gobierno, busca mayor eficiencia, transparencia y ahorro fiscal.

“La razón principal de esta medida es elemental y de sentido común: la Dirección Nacional de Vialidad fue la base del entramado de corrupción más escandaloso de la historia argentina, que terminó con una expresidenta condenada y presa”, expresó Sturzenegger. Afirmó que el organismo funcionaba como “juez y parte”, ya que adjudicaba las obras viales y al mismo tiempo las fiscalizaba.

El funcionario indicó que al asumir encontraron una red vial “detonada” y obras pagadas que no se habían ejecutado. Sostuvo que Vialidad arrastraba un modelo obsoleto: “La estructura de Vialidad es un resabio de una organización que en el pasado ejecutaba obras viales que ya hace décadas se tercerizan”.

Según los datos oficiales, Vialidad contaba con 5.165 empleados, de los cuales el 73% desempeñaba tareas administrativas, técnicas o jerárquicas. Solo el 27% (unos 1.200 agentes) realizaba tareas operativas en rutas. “Vialidad Nacional tiene 1.537 cargos de estructura. Para ponerlo en perspectiva, tiene más cargos que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano juntos”, remarcó.

Sturzenegger también fundamentó la decisión en la comparación de costos y resultados. “El mantenimiento tercerizado cuesta menos de la mitad que el realizado por Vialidad, ya que el sector privado no arrastra los elevados costos de estructura del organismo”, aseguró. Señaló que tareas como el desmalezado y el bacheo en caliente ya se tercerizan en varios distritos con mejores resultados y se ampliará ese modelo.

Aclaró que la medida no implica el abandono del mantenimiento vial. “Se asegura su continuidad con eficiencia”, afirmó. Las tareas pasarán a una unidad bajo la Secretaría de Obras Públicas y el control de concesiones quedará a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. “Así se termina con el absurdo de que quien contrata sea el mismo que controla”, subrayó.

“La obra pública no puede ser más una caja negra al servicio de la política. Tiene que estar al servicio de los ciudadanos”, concluyó Sturzenegger, y agradeció a múltiples equipos y funcionarios que participaron del proceso de análisis y ejecución de la reforma.