"Vuelven las proscripciones a inocentes", advirtió el Grupo de Puebla

Ante los crecientes rumores de que el próximo martes la Corte Suprema confirmaría la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la "Causa Vialidad", el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia denunció la persecución política y el intento de proscripción contra inocentes.
 
Para ambos espacios, la confirmación de la condena representa "un riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política" contra la dos veces mandataria y actual presidenta del Partido Justicialista, y denunciaron que se trata de un fallo en el marco de una causa "viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política , desde su inicio".
 
"La denominada Causa Vialidad es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri", manifestaron a través de un comunicado.

Ante esta situación denunciaron "la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva)" en su construcción para poder responsabilizar a la exvicepresidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. "Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático", puntualizaron.

Y agregaron: "Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones".

Luego consideraron que el objetivo de expulsar a Cristina de la política "obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina".

"La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina", remarcaron.

Por último, realizaron una convocatoria a la comunidad internacional para seguir con especial atención la situación "en la que se descubre, una vez más, una sospechosa conexión entre parte del Poder Judicial y parte de las corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de Justicia Social".

"Es evidente que se condena a una persona inocente violando el ´debido proceso´ propio de un Estado de Derecho. ¡Exigimos Justicia!", completaron.

El documento lleva la firma de importantes juristas y referentes de la política latinoamericana y europea como: José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del gobierno de España; Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador; Ernesto Samper Pizano, ex Presidente de Colombia; Baltasar Garzón, Jurista español; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile; Carol Proner, jurista de Brasil; Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina; Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana; Andrés Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador; Clara López, Senadora de Colombia; Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España; entre otros.

Con información de C5N