Pozo de petróleo en Pichanal: Se estimó un radio de seguridad de entre 200 y 300 metros

Este jueves se concretó una nueva reunión del Comité de Crisis conformado para coordinar acciones técnicas, legales y ambientales para continuar abordando la situación con relación al pozo LO X-10, ubicado en el área hidrocarburífera “Puesto Guardián” en jurisdicción de Pichanal, departamento Orán.

En el marco de esta reunión multidisciplinaria, se abordaron los principales resultados del relevamiento realizado ayer miércoles, en el lugar. El director General de Hidrocarburos Pablo Guantay, señaló que se formuló un acta solicitando a la empresa que se garantice un perímetro de seguridad.

“Se evaluó la posibilidad y se hizo con algunos equipos de mediciones automáticos para ver hasta dónde podían llegar los gases que estaban emanando del pozo. Se determinó un radio preliminar de entre 150 y 200 metros, que necesitamos garantizar ese sector como un sector seguro”, expresó.

Se informó también que por disposiciones definidas a partir de la inspección del Comité, la empresa concesionaria avanzará con nuevos estudios y mediciones  de gases a fin de establecer un perímetro de seguridad alrededor del pozo, garantizando que nadie circule en las cercanías. Los datos serán tomados por un laboratorio certificado a partir de la semana próxima, estimando los informes finales en un plazo de 15 días. Entre tanto, la zona se encuentra cercada, señalizada y con prohibición de acceso a personal no autorizado.

 “Se identificó tres zonas: la zona de la boca de pozo, donde tenemos la urgencia inicial; una zona donde vamos a tener el registro de los volúmenes de gas y hasta dónde están llegando; y una zona de amortiguación para evitar el acceso a toda persona. Es fundamental restringir el acceso a toda la persona porque de esta manera vamos a garantizar que no tengamos ningún inconveniente desde la parte de seguridad”, explicó Guantay.

La reunión del Comité también sirvió para delinear líneas de acción a corto y mediano plazo, tanto en aspectos técnicos y ambientales como legales, con el objetivo de avanzar hacia el control definitivo del pozo. Se acordó la conformación de subcomisiones específicas para el abordaje integral de la situación, priorizando la seguridad operativa, la protección ambiental y el abandono técnico del pozo.

Resultados de la inspección y medidas inmediatas

Durante la inspección realizada el 4 de junio se advirtió un incremento de la criticidad de la situación en la locación del pozo LO X-10.

En este sentido, el comité de crisis presente en el sitio ordenó la contención de los fluidos, refuerzo y acondicionamiento de una pileta a tal fin, y la implementación de medidas de seguridad adicionales. Estas medidas se suman a las ya ordenadas el pasado 22 de mayo por la Secretaria de Minería y Energía.

De forma preliminar, se estimó un radio de seguridad entre 200 y 300 metros desde la boca del pozo, que serán corroborados con las mediciones de gases. Asimismo, se identificaron tres zonas de importancia: la locación y  boca del pozo (punto de surgencia), un área de exclusión o perímetro de seguridad  y otra de prevención mayor con acceso restringido.

Entre las medidas inmediatas se ordenó:

• Acondicionar la pileta de perforación ya existente.
• Saneamiento del sector afectado por los fluidos.
• Apertura de un camino alternativo para acceso de los dos puesteros locales, evitando el paso por la zona de mayor concentración de gases.
• Reforzar los controles de ingreso al área, habilitando únicamente a personal especializado con equipamiento de protección y monitoreo.

Avance de la acción judicial y responsabilidad ambiental

La Provincia de Salta inició en paralelo una demanda ambiental contra seis empresas, entre ellas President Petroleum S.A., E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina, Petrolera San José S.R.L. e YPF S.A., por los daños generados en el área afectada. La acción judicial “Provincia de Salta c/ President Petroleum S.A. y otras s/ Acción reparatoria del medio ambiente” busca la reparación integral, saneamiento y restauración del ecosistema impactado.

De esta forma, la Provincia exige que las empresas involucradas ejecuten medidas urgentes de contención, mitigación, abandono definitivo del pozo y remediación de los pasivos ambientales, conforme a la legislación vigente y a sus responsabilidades como concesionarias del área hidrocarburífera.