Facturaciones truchas en Plaza 9 de Julio: el perjuicio ascendería a $120 millones y “faltan imputaciones”
El procurador de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, confirmó que la fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Inés Salinas Odorisio, imputó formalmente a exfuncionarios municipales de la gestión de la exintendenta Bettina Romero y a socios de la empresa que ejecutó la obra de remodelación de la plaza 9 de Julio. Las acusaciones se centran en presuntos delitos de fraude a la administración pública y falsedad ideológica, vinculados al mecanismo de sobrecertificación de obras.
“Lo que hacían era certificar obras como si estuvieran realizadas en barrios, por ejemplo, en barrio 20 de Junio, y desviar esos fondos para la plaza 9 de Julio. Es decir, la plata no iba a la obra certificada sino a otra”, explicó Risso en diálogo con Aries. Según detalló, este modus operandi fue detectado en al menos seis obras públicas.
Entre los imputados se encuentra Luis Racioppi, exfuncionario de Obras Públicas, inspectores de obra de esa gestión. A ellos se los acusa de haber avalado las certificaciones irregulares. En el caso del exfuncionario de Legal y Técnica. Daniel Nallar, se lo imputa por omisión de denuncia, ya que habría tenido conocimiento de los ilícitos y no los reportó ante la Justicia.
Si bien el monto final del perjuicio aún se está determinando, Risso indicó que las maniobras habrían implicado la desviación de al menos 120 millones de pesos, cifra correspondiente a valores de hace tres años. “Creemos que el presupuesto final de la plaza se multiplicó por cuatro o cinco. Estamos tratando de atar todos los cabos para saber cuánto se gastó realmente”, añadió.
El municipio se constituyó como querellante y, llegado el caso, iniciará acciones civiles para reclamar el resarcimiento por el daño económico sufrido. Risso anticipó que podrían sumarse más imputaciones. “La exsecretaria de Desarrollo Urbano, María Eugenia Angulo, está denunciada. Si corresponde, pediremos su imputación. La intención es que todo funcionario que haya tenido una participación en el menoscabo del patrimonio municipal, responda ante la Justicia”, concluyó.