Ficha limpia: senadora peronista denunció que hubo un pacto entre el Gobierno y CFK
La senadora nacional Alejandra Vigo, representante de Córdoba por el bloque peronista Unidad Federal, acusó al gobierno de Javier Milei de haber sellado un acuerdo político con el kirchnerismo para impedir la sanción del proyecto de ficha limpia en el Senado.
En una publicación difundida el miércoles por la noche, a través de la red social X, la legisladora calificó como “indignante” la votación que frenó la iniciativa, y denunció un pacto entre la Casa Rosada y el gobierno de Misiones que, según dijo, “terminó siendo funcional al kirchnerismo”. La acusación se produjo pocas horas después de que la Cámara alta rechazara el proyecto.
La información surge en el marco del tratamiento legislativo del proyecto de ficha limpia, una propuesta que buscaba impedir que personas condenadas por delitos de corrupción accedieran a cargos electivos. Según detalló Vigo, el entendimiento entre el oficialismo nacional y las autoridades provinciales de Misiones fue clave para voltear la iniciativa. “Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista”, escribió.
La legisladora, esposa del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, integra un bloque que, si bien se identifica con el peronismo, se ha mostrado distante tanto del Gobierno como de Unión por la Patria. Su pronunciamiento se sumó a una serie de reacciones políticas que expusieron la tensión generada por la caída del proyecto en la Cámara alta.
Uno de los focos de su acusación parece cristalizarse en el posicionamiento de los senadores de Misiones -Carlos Arce y Sonia Decut-, que votaron en contra del proyecto pese que en la previa sostenían que iban a votar a favor del proyecto. En ese contexto, la legisladora por Córdoba vinculó la decisión con un acercamiento de esa provincia con el oficialismo nacional.
La iniciativa de ficha limpia proponía prohibir la postulación a cargos electivos de personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos. Incluía delitos como corrupción, lavado de activos, homicidio, abuso sexual y violencia de género, entre otros.
Después de la votación, la Oficina del Presidente de la Nación difundió un comunicado en el que condenó la decisión del Senado y calificó el rechazo del proyecto como un aval a la impunidad. Según el texto, con esta decisión se permitió que personas vinculadas al “Partido del Estado” continúen presentándose a elecciones pese a haber sido condenadas por defraudar a la administración pública. Además, se sostuvo que el kirchnerismo “hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes”.
En ese mismo documento, se expresó el agradecimiento a los miembros del bloque oficialista y de otros bloques por armar “una coalición comprometida con la defensa de la transparencia y la República”. El texto difundido también cuestionó el accionar del Senado como institución, al señalar que se consolidó “una vez más como el refugio de la casta política argentina”.
Con información de La Nación