Salta: Cuestionan ante la Superintendencia la demora judicial en jubilaciones

Luego de que un grupo de más de veinte abogados previsionalistas de Salta presentaran un petitorio colectivo ante la Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, por Aries, la Dra. Julia Toyos advirtió que los procesos previsionales —que tienen carácter alimentario— sufren demoras de entre dos y cuatro años y afectan seriamente a adultos mayores que, por su condición, gozan de una protección especial.

Entre los puntos señalados en el documento, se destacan:

• Retrasos excesivos en la dictación de sentencias y ejecuciones.
• Diferencias notorias entre los Juzgados Federales N.º 1 y N.º 2.
• Falta de tratamiento de escritos presentados.
• Incumplimientos en la regulación de honorarios profesionales.
• Manipulación de estados procesales que impide el avance de las causas.
• Omisión en el cumplimiento de aportes previsionales y vínculos con la Caja de Abogados.

Toyos, que también es una de las firmantes del petitorio, brindó detalles del reclamo y remarcó la gravedad de la situación: “Nosotros ya presentamos el petitorio en la Cámara Federal. Hay dos temas. Uno tiene que ver con la defensa del jubilado y otro con la defensa del abogado. Y ambas cosas confluyen en un proceso previsional. ¿Por qué? Porque demoran todo.”

La abogada señaló que la demora no solo afecta a los adultos mayores, sino también al ejercicio profesional: “Tengo pendiente pedir regulaciones de honorarios en más de 1000 expedientes, que no los pedí porque si no demoraban el juicio de mi cliente, porque no querían formar las incidencias. Pero llega un punto en el que decís: ‘Bueno, y yo también tengo que pedir mi regulación de honorario’.”

Asimismo, cuestionó la enorme diferencia de gestión entre los dos juzgados federales locales: “Pedimos mayor celeridad y mostramos la diferencia entre el Juzgado Federal Nº 2, que tiene dos años más de demora, y el Juzgado Federal N.º 1. ¿Cómo puede ser que se esté dictando sentencias de juicios iniciados en 2023-2024, y, en el juzgado N°2 recién esté resolviendo causas de 2019-2020? Son los mismos jueces, los dos son multifuero. ¿Dónde está el error?”.

Toyos también enfatizó el derecho al acceso efectivo a la justicia, citando las 100 Reglas de Brasilia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (Ley 27.360), y normas que garantizan procesos adecuados para personas en situación de vulnerabilidad: “La palabra ‘acceso a justicia’ tiene muchas connotaciones: desde poder entrar físicamente al tribunal hasta tener una sentencia que se cumpla. La justicia tiene que llegar realmente a cada ciudadano, más allá de la letra muerta” afirmó y advirtió sobre la posible responsabilidad internacional del Estado argentino ante organismos de derechos humanos:
“El paso que sigue es demandarlos directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sería la primera vez. Hay causas que llevan más de 10, 15 o 20 años. Estás afectando la garantía del plazo razonable.”

La abogada también se refirió al contexto profesional y la falta de incentivos para los letrados: “Regulan honorarios tres años después, sin actualización, sin intereses. En muchos casos ni siquiera los regulan. ¿Cómo se supone que debemos sostener el ejercicio de la abogacía previsional con este nivel de desidia?”.

El documento elevado al Consejo de la Magistratura exige una respuesta institucional urgente, planteando que el funcionamiento actual viola principios constitucionales y tratados internacionales en perjuicio de los adultos mayores, considerados sujetos de especial protección.